La organización no gubernamental venezolana Provea denunció este domingo que tiene más de 48 horas sin saber el paradero del abogado y activista de derechos humanos Eduardo Torres, miembro del equipo de exigibilidad legal de la ONG.
A través de la red social X, Provea indicó que la última vez que se tuvo comunicación con el activista fue el viernes a las 16.00 hora local, cuando avisó que iba a su casa, en Caracas.
«Eduardo ha sido víctima de amenazas por su labor. Exigimos conocer sobre su paradero. (…) Ninguna autoridad policial o militar ha dado información sobre su paradero, ni sobre los posibles motivos o condiciones de detención en las que se encuentra», dijo la ONG.
Señaló que miembros de su equipo legal «han permanecido por más de cinco horas a las puertas del Palacio de Justicia, Caracas, esperando la ‘autorización superior’ que permita la consignación de un recurso de habeas corpus».
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«Las autoridades judiciales están en la obligación de cumplir lo establecido en la CRBV (Constitución) y la ley y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Reiteramos que es responsabilidad del Estado venezolano garantizar la vida e integridad de Eduardo. También exigimos respeto al debido proceso y todos los procedimientos en el marco de la ley», expresó Provea.
Otras organizaciones, como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Espacio Público y Laboratorio de Paz, también exigen información sobre su paradero.
La ONG Fundaredes denunció que «muchos defensores están siendo silenciados de manera arbitraria e injusta, incluyendo» su «director, Javier Tarazona, quien ha estado detenido desde el 2 de julio de 2021 en la sede del Helicoide», del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
Según Provea, Torres es «beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH)».
