Este jueves el Senado colombiano podría someter a votación y definir una postura ante el debate crucial que podría marcar el rumbo político del último año del gobierno de Gustavo Petro: la aprobación o rechazo de una consulta popular con 12 preguntas orientadas a revivir una reforma laboral frenada en el Legislativo.
Según medios locales, el Congreso se encuentra prácticamente empatado frente a la aprobación de la consulta popular, y señalan que de los 105 congresistas, 47 han manifestado que aprobarían la moción, mientras que otros 46 se han posicionado en contra, dejando un margen de votos inciertos de los que dependerá la decisión final.
El mecanismo, promovido como una salida a la “parálisis institucional”, divide al Congreso y mientras el oficialismo defiende la evocación a la principal herramienta democrática establecida por la Constitución de Colombia, los partidos de derecha alegan que la convocatoria implicaría un gasto innecesario y un riesgo para la estabilidad económica.
La convocatoria al soberano llega luego de que en marzo de 2025, la reforma laboral del Gobierno nacional —que buscaba ampliar derechos como el salario mínimo integral y restringir la tercerización— fue archivada en la Comisión Séptima del Senado. La respuesta de Petro fue recurrir a la consulta popular, prevista en la Constitución para casos de “bloqueo institucional”.
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La votación en el Senado refleja la polarización política. Los 47 votos a favor provienen principalmente del Pacto Histórico, el Partido Liberal y la Alianza Verde, mientras que los que se oponen a la iniciativa son los partidos conservadores liderados por el uribista Centro Democrátivo, el Partido Conservador, y Cambio Radical. En tanto, 11 parlamentarios aún mantienen en suspenso su voto, por lo cual la votación permanece abierta.
La bancada oficialista insiste en que la consulta fortalecería la democracia participativa. “Negarla es desconfiar del pueblo”, afirmó la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico). En contra, el Partido Conservador advierte que “la consulta no puede reemplazar al Congreso” (Nadia Blel).
En caso de aprobarse, la consulta se realizaría en 2025, con un censo de 39 millones de colombianos. Para ser vinculante, requiere participación del 30% y mayoría simple en cada pregunta. Encuestas como “Cifras y Conceptos” sugieren un 57% de apoyo ciudadano, con un 75% dispuesto a votar “sí”. De prosperar, el Gobierno introduciría la reforma como ley en 2026.
Sin embargo, en caso de rechazo o empate, Petro perdería su principal bandera política de cara a marzo 2026, cuando los colombianos elegirán quién será el próximo presidente del país. De caerse la propuesta, la reforma laboral sólo podría volver a viavilizarse sí el Senado aprueba trasladar su discusión a otra comisión, algo que la oposición ya ha dilatado por nueve semanas.
La contienda no es menor, dado que le ha permitido recuperar popularidad al oficialismo (45% de aprobación, según Polimétrica), e incluso un fracaso en el Senado reforzaría la narrativa de un Legislativo “obstruccionista”. Para la oposición, el riesgo es quedar como élite desconectada: el 75% de las preguntas de la consulta tienen respaldo mayoritario.
La apuesta por la consulta permitió al presidente recuperar la iniciativa tras meses de crisis. La tergiversación de la iniciativa de “Paz Total” y escándalos como la investigación contra su hijo Nicolás por lavado de activos, una prolongadacrisis en el Gabinete que incluyeron una serie de renuncias, y denuncias de corrupción habían erosionado su imagen. Sin embargo, el enfoque en derechos laborales —con apoyo del 57% del país— le ha dado oxígeno.
