Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes que el Gobierno del El Salvador «profundiza patrón autoritario» frente al descontento social y «ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico».
AI indicó, en un comunicado firmado por al menos siete organizaciones internacionales de derechos humanos, que «estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado».
El organismo señaló que, en los primeros días de mayo, «ante el descontento social por el cierre de una vía estratégica que conecta el occidente y oriente del país, el gobierno intentó mitigar la situación ofreciendo una semana de transporte público gratuito», pero, según reportes de diversos medios, «la medida se anunció sin coordinación previa con el gremio de transporte, lo que provocó deficiencias en el servicio».
Además, ante las quejas de la población por el caso en mención, el gobierno respondió con una orden de detención de 16 transportistas, «a quienes se les atribuye delitos sin una base fáctica clara o sustento legal».
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Días después de las detenciones, uno de los transportistas falleció bajo custodia estatal en un centro de detención de la Policía Nacional Civil, denunció la organización,
«Aún no se conoce la causa del deceso, pero es importante destacar que ocurrió en el contexto de cientos de denuncias sobre condiciones de detención que constituyen tortura u otros malos tratos y que se han agravado con el hacinamiento derivado del régimen de excepción», señaló el comunicado.
La denuncia de AI también menciona el caso de una protesta de familias que habitan en una comunidad rural del país para impedir un desalojo. Señaló que, por primera vez, las autoridades desplegaron a la Policía Militar -una fuerza sin competencia legal para el control del orden y seguridad pública- para dispersar a los manifestantes, junto con la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil.
«La intervención concluyó con el uso abusivo de la fuerza que resultó en agresiones físicas contra las personas manifestantes, que incluyeron golpes y empujones y la detención arbitraria del defensor y ambientalista Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez», indicó la organización.
Las organizaciones firmantes aseguraron que «la represión no debe ser la respuesta a demandas sociales legítimas. Lejos de ofrecer una solución al fondo de las demandas, aumenta la tensión y deteriora la confianza en las instituciones».
«El uso ilegítimo de la fuerza contra personas que protestan pacíficamente, la criminalización de quienes defienden derechos humanos y la instrumentalización del sistema penal para aplacar las demandas sociales son prácticas autoritarias que no deben constituir la respuesta del Estado frente al descontento de la población», apuntaron las organizaciones de DDHH.
En este contexto, el presidente Nayib Bukele señaló, sin presentar pruebas, a las organizaciones no gubernamentales de “manipular” a estas personas para adelantar la concentración y anunció que enviaría al Congreso una Ley de Agentes Extranjeros.
Dicha normativa establece un impuesto del 30% a las donaciones de las organizaciones sociales, porque, según escribió Bukele en X, las personas fueron “manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas”.
Bukele agregó que, con su proyecto de ley, «todos ganan: Las familias saldan su deuda y mantienen su vivienda, La población no paga por reclamos ajenos y las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo».
“Con esta ley, el gobierno no solo busca silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que denuncian abusos, sino que también golpea directamente a las personas que reciben su asistencia y acompañamiento», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las organizaciones firmantes «exigen al Estado salvadoreño a que libere inmediatamente a las personas detenidas solo por ejercer sus derechos, a la vez que inicie sin dilación una investigación efectiva e independiente sobre la muerte del transportista que estuvo bajo custodia estatal y cree medidas para canalizar las legítimas demandas sociales garantizando los derechos de las personas que alzan su voz».
Además, estas ONG solicitan que «el Estado desista de cualquier intento legislativo que procure sancionar el trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos y de quienes acompañan a víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación».
EFE
