El Consejo de la Unión Europea aprobó este martes el decimoséptimo paquete de sanciones contra Rusia desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022, que vuelve a tener como objetivo a los barcos que clandestinamente ayudan a eludir las restricciones contra el petróleo ruso.
«La UE ha aprobado su decimoséptimo paquete de sanciones contra Rusia, dirigidas a casi 200 buques de la flota fantasma. Las nuevas medidas también abordan las amenazas híbridas y los derechos humanos. Se están preparando más sanciones contra Rusia. Cuanto más dure la guerra contra Ucrania, más dura será nuestra respuesta», indicó en las redes sociales la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.
El Consejo explicó en un comunicado que el paquete incluye medidas restrictivas económicas e individuales que «cortan el acceso de Rusia a tecnología militar clave y frenan los ingresos energéticos rusos que alimentan su guerra de agresión contra Ucrania», con nuevas restricciones contra petroleros rusos, sus operadores y un importante productor ruso de petróleo.
Hoy se han incluido 189 buques de terceros países, lo que eleva a 342 el total en la lista negra, considerados responsables del transporte de petróleo ruso mientras realizan prácticas de navegación irregulares y de alto riesgo, o de apoyar al sector energético de Rusia. Las medidas contra ellos pretenden desmantelar su capacidad operativa.
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Además, la UE ha impuesto sanciones individuales (congelación de activos y prohibición de poner fondos a disposición) dirigidas al ecosistema empresarial que permite el funcionamiento de la «flota fantasma», como compañías navieras responsables del transporte de crudo y productos petrolíferos de Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong, o una importante aseguradora del sector ruso del transporte marítimo de petróleo.
Desde que la UE introdujo el tope del precio del petróleo ruso y sanciones a la «flota fantasma», los ingresos rusos relacionados han disminuido en 38.000 millones de euros, según el Consejo, que calcula que en marzo fueron un 13,7 % inferiores a los del mismo mes de 2023 y un 20,3 % menos que los de marzo de 2022.
Igualmente, la UE impuso medidas restrictivas a Surgutneftegaz, una importante petrolera rusa que proporciona cuantiosos ingresos al gobierno ruso, alimentando directamente su esfuerzo bélico.
Industria militar
La UE también sancionó hoy a más de 45 empresas y particulares rusos que suministran al ejército ruso drones, armas, municiones, material militar, componentes críticos y apoyo logístico.
Asimismo, extendió su punto de mira a los facilitadores industriales, como pueden ser las entidades rusas y chinas que suministran herramientas de maquinaria al sector militar e industrial ruso.
Otras tres entidades chinas -incluso de propiedad estatal- fueron incluidas a la lista negra, así como una bielorrusa y una israelí que suministran componentes críticos al ejército ruso, incluso para la producción de drones.
El Consejo también añadió 31 nuevas entidades por exportar bienes y tecnologías de doble uso (civil y militar) que Rusia puede emplear en su guerra contra Ucrania. Algunas de estas entidades están situadas en terceros países (Serbia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Vietnam y Uzbekistán) y han estado implicadas en la elusión de restricciones a la exportación, indicó.
La UE también introdujo nuevas restricciones a las exportaciones de bienes que contribuyen a la mejora militar y tecnológica de Rusia, al desarrollo de su sector de defensa y seguridad, al desarrollo o la producción de sus sistemas militares, incluidos los precursores químicos de materiales energéticos y las piezas de repuesto para maquinaria.
Territorios ocupados
Las nuevas sanciones hoy también se centran en el saqueo del patrimonio cultural en Crimea y la explotación ilegal de la producción agrícola ucraniana.
Además, con la inclusión hoy de 75 nuevas personas y entidades (17 personas y 58 entidades) en la lista de medidas restrictivas relativas a acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, el número asciende ya a más de 2.400 nombres.
Los designados están sujetos a una congelación de activos y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición, mientras que las personas físicas están sujetas también a una prohibición de viajar al territorio de los Estados miembros de la UE o transitar por ellos.
EFE
