La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) hizo este lunes un llamado a las autoridades de Venezuela a aportar «información oficial» sobre la situación legal del activista y abogado Eduardo Torres, quien fue detenido hace un mes cuando se dirigía a su casa en Caracas.
A través de un mensaje en X, Provea exhortó también al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Interior y Justicia a permitir, en el caso de Torres, «acceso inmediato a defensa privada», «visitas familiares regulares» y «respeto a sus derechos fundamentales».
Según la ONG, el abogado, miembro de su equipo legal, continúa privado de libertad en el centro de torturas El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ubicada en Caracas.
El activista, recordó la organización, también se desempeña como «trabajador de la Universidad Central de Venezuela, sindicalista y estudiante de postgrado».
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A juicio de Provea, «criminalizar» a Torres «por su labor» es parte de lo que califica como «una política de persecución contra quienes alzan la voz en Venezuela».
Este lunes, un total de 25 organizaciones instaron a Nicolás Maduro, y al jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, a que se permita a Torres «la comunicación regular con sus familiares y abogados de confianza, y a garantizar su liberación total e inmediata».
A través de una carta, compartida por Provea en su página web, las organizaciones firmantes aseguraron que el proceso contra Torres «ha carecido de transparencia y acceso a información oportuna para sus familiares y defensores legales de confianza».
Asimismo, indicaron que no «ha habido información de la Fiscalía que se encargaría del caso, ni sobre la existencia de una orden de detención», ni tampoco -agregaron- «se conocen los cargos que se le imputan» a Torres.
«La familia sólo ha podido contactar al defensor público asignado a su caso, quien les informó que existe una prohibición de visitas para Eduardo, violando así su derecho al debido proceso, comunicación y legítima defensa», afirmaron las organizaciones, entre ellas Canadian Journalists for Free Expression, IPYS Perú y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX).
