La organización no gubernamental Transparencia Venezuela -en el exilio- expresó su indignación por la decisión de la jueza española María Tardón de sobreseer y archivar provisionalmente una causa por blanqueo de capitales contra el empresario Raúl Gorrín, señalado de haber participado en el desfalco de 1.200 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
“A la jueza española María Tardón la corrupción venezolana le tiene sin cuidado”, afirmó la ONG en un extenso comunicado en el que criticó que la magistrada desestimara las pruebas documentadas en otras jurisdicciones y citara una sentencia de un Tribunal Supremo chavista para exonerar a Gorrín, pese a que el sistema de justicia en Venezuela ha sido cuestionado por su falta de independencia.
«Transparencia Venezuela expresa su indignación ante esta decisión de la jueza española María Tardón en favor de Raúl Gorrín, pues sorprende que se utilice una sentencia de un tribunal venezolano que forma parte de una justicia cooptada, sin considerar, además, que el empresario ha sido protegido del gobierno de Venezuela y que su canal de televisión Globovisión es un instrumento para difusión de los mensajes del gobierno Maduro», afirmó la ONG.
El caso contra Gorrín había sido abierto en 2019, tras un informe de la Policía Nacional de España que lo vinculaba a una operación de lavado de dinero proveniente de contratos con Pdvsa, y que ya ha sido objeto de condenas en Estados Unidos bajo la causa conocida como «Money Flight». En esa investigación han sido identificadas 22 personas, incluyendo funcionarios, banqueros y empresarios, de las cuales cinco fueron condenadas y seis acusadas.
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La jueza Tardón argumentó que no se encontraron «indicios de criminalidad» y que las sospechas sobre los fondos manejados por Gorrín no se pudieron vincular de forma concluyente con hechos delictivos. Además, usó como sustento una decisión del Tribunal 11 de Control de Caracas que libró de responsabilidad al empresario, a su socio Gustavo Perdomo y al exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Víctor Aular, por delitos como legitimación de capitales y corrupción.
Transparencia Venezuela alertó que esa sentencia no puede tomarse como garantía de justicia, dado que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional han señalado la cooptación del Poder Judicial venezolano, que permite la impunidad de funcionarios y aliados del régimen de Nicolás Maduro.
La ONG también recordó que Gorrín está sancionado por el gobierno de Estados Unidos desde 2019 y es requerido por la justicia de ese país por conspiración para lavar dinero y por el pago de millonarios sobornos a ex tesoreros nacionales venezolanos para acceder a operaciones de cambio preferencial. Uno de esos exfuncionarios, Alejandro Andrade, se declaró culpable en 2017 de haber recibido más de 1.000 millones de dólares en sobornos.
No es la primera vez que la jueza María Tardón archiva una causa relacionada con la corrupción venezolana. En 2023, sobreseyó una investigación contra María Lila Bravo, esposa del empresario Roberto Rincón, condenado en Estados Unidos por desfalco a Pdvsa. También cerró un expediente contra el exviceministro de Energía Nervis Villalobos, acusado en el mismo esquema de lavado de dinero, cuya extradición a EE.UU. permanece sin resolverse.
