Este jueves 26 de junio se cumplen 10 meses desde que la defensora de derechos humanos y coordinadora nacional de Formación Ciudadana Electoral de la ONG Súmate, Nélida Sánchez, fue detenida de forma arbitraria por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Al cumplirse 305 días de su arresto, Súmate exigió su liberación inmediata y reclamó que “el Estado debe reparar todos los daños morales y físicos ocasionados por la privación ilegal e injusta de su libertad personal”.
Diversas organizaciones de la sociedad civil se unieron a esta exigencia. La ONG Realidad Helicoide denunció que “la dictadura secuestra a quienes creen en Venezuela. Nélida Sánchez debe ser libre, porque su gran dedicación ha sido creer y trabajar por una mejor Venezuela. Hoy, a 10 meses de su injusto encierro, alzamos la voz por su libertad”.
Por su parte, Un Mundo Sin Mordaza afirmó que Sánchez está “detenida injustamente por enseñar a su país a elegir. Por formar ciudadanos. Por sembrar valores (…) Hoy alzamos la voz por ella. Porque enseñar no puede ser un delito. Porque amar a Venezuela no debería costar la libertad”.
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Detención arbitraria
La detención de Nélida Sánchez ocurrió el 26 de agosto de 2024, sin orden judicial y mediante engaño. Desde entonces, permanece privada de libertad, pese a la falta de garantías procesales y a las denuncias sobre irregularidades en el caso.
Durante este período, a Sánchez se le ha impedido ejercer derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la defensa técnica por abogados de confianza y su derecho a ser escuchada en condiciones que le permitan demostrar la falsedad de los señalamientos en su contra. Sus familiares han introducido varios documentos ante la Fiscalía General de le República solicitando la revisión de su caso, sin obtener respuesta hasta el momento.
La asociación civil Súmate ha denunciado que el Tribunal Tercero de Control, presidido por el juez Ángel Betancourt, ordenó el pase a juicio basado en pruebas falsas forjadas por el SEBIN.
Sánchez enfrenta cinco delitos infundados: instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, imputaciones que buscan criminalizar su labor cívica de formación ciudadana para la defensa del voto en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 64/2024 mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Nélida del Rosario Sánchez Oropeza, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
