El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció que el espacio informativo en Venezuela continúa bajo fuerte restricción, con censura sistemática, hostigamiento a periodistas y bloqueo de medios digitales, lo que impide el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
En su más reciente informe ante el Consejo de Derechos Humanos, la ONU alertó que el Estado venezolano ha intensificado en el último año las prácticas de vigilancia digital, bloqueo de sitios web, cierre de emisoras y criminalización de periodistas y comunicadores. «El ACNUDH observó un aumento de las restricciones del espacio cívico, incluida la criminalización y la detención arbitraria de voces consideradas disidentes… así como otras limitaciones de las libertades de expresión y opinión».
Cierre del espacio informativo
El Alto Comisionado reiteró su preocupación por la concentración de medios en manos del Estado o de sectores aliados al oficialismo, así como por el uso de leyes ambiguas para silenciar voces críticas. El informe destaca el uso de normativas como la Ley contra el Odio, y que la «legislación relativa al odio y la coexistencia pacífica carece de precisión en su definición de lo que constituye incitación al odio, y que no debe utilizarse para limitar la libertad de expresión».
Se documentó la detención arbitraria de 10 periodistas , además de la cancelación arbitraria de pasaportes a cuatro periodistas. Muchos periodistas ejercen bajo amenazas, autocensura o en el exilio, lo que el informe describe como «restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión». También se señalaron «nuevos cierres de emisoras de radio, detenciones y desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, o la restricción del acceso a sitios web».
Artículos Relacionados
La ONU advierte que continúan los bloqueos selectivos de portales de noticias independientes y el uso de mecanismos de control sobre redes sociales. Una organización de la sociedad civil denunció el bloqueo de más de 60 sitios web durante el segundo semestre de 2024. Además, durante este periodo, «también se bloquearon aplicaciones de redes sociales como X y Signal, así como redes privadas virtuales, sin que mediara orden judicial».
El informe también detalla tácticas como «incidentes de pirateo de sitios web aparentemente para atizar las tensiones políticas» y el uso de «plataformas en línea y redes sociales para intimidar, estigmatizar y permitir la detención de personas presuntamente disidentes, por ejemplo, mediante tácticas de
phishing, sembrando el miedo entre personas usuarias». Incluso, «las autoridades promovieron la utilización de una aplicación móvil específica para facilitar las denuncias de personas consideradas «fascistas» o «terroristas» por su presunta implicación en protestas». La investigación anunciada sobre mensajes de «odio» en WhatsApp «exacerbó los temores y la autocensura».
El informe señala con preocupación el uso del discurso oficial para estigmatizar a medios independientes, periodistas y comunicadores populares, tildándolos de «voces consideradas disidentes» o asociándolos a «odio». Este lenguaje, según la ONU, «contribuyó a restringir el espacio cívico, exacerbando las preocupaciones en cuanto a su potencial aplicación arbitraria para limitar la libertad de expresión y opinión, en particular de las voces percibidas como opositoras o disidentes».
