Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca hace casi siete meses la postura de su Administración ha sido la misma con respecto a Venezuela. Y aunque en la teoría múltiples funcionarios estadounidenses, incluyendo el propio presidente, han afirmado no reconocer a Nicolás Maduro como mandatario, en la práctica se han desarrollado conversaciones privadas entre Caracas y Washington que, en el último de los casos, ha permitido el canje de prisioneros y el retorno de las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron.
“En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar. Que le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela”, dijo Maduro poco después de que el republicano ganara las elecciones del 5 de noviembre del año pasado.
En aquella oportunidad, Maduro extendió una mano a Trump, aun cuando durante su primer mandato aplicó una política de “máxima presión” que incluyó sanciones financieras, petroleras y medidas personales contra altos funcionarios del chavismo.
La misión de Grenell y el inicio de un canal diplomático
El giro político comenzó a materializarse en enero de 2025, cuando Richard Grenell, enviado especial de Trump, viajó a Caracas y fue fotografiado junto a Maduro en el Palacio de Miraflores. Fue la primera vez en años que un alto representante estadounidense se dejaba ver con el mandatario venezolano.
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Esa noche, Grenell regresó a Estados Unidos acompañado por seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela por presuntos actos conspirativos. Tras el encuentro, el gobierno venezolano aseguró que Maduro planteó la creación de una “agenda cero” para reiniciar las relaciones bilaterales, rotas desde 2019.
Desde Washington, la versión fue distinta: el Departamento de Estado indicó que la visita de Grenell tuvo un objetivo puntual —la repatriación de migrantes venezolanos y la liberación de presos estadounidenses— y no implicaba un reconocimiento formal al gobierno de Maduro.
Nueve días después, aterrizaron en Caracas dos aviones de la estatal Conviasa con migrantes deportados desde EE. UU. Sin embargo, los vuelos fueron suspendidos poco tiempo después, tras el cese de la licencia que permitía a Chevron operar en el país. Aunque inicialmente debía salir de Venezuela antes del 3 de abril, la licencia fue prorrogada hasta el 27 de mayo.
Tensiones internas en la administración Trump
A pesar de las señales de acercamiento, las tensiones entre ambos gobiernos se agudizaron tras el traslado de 252 migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. No obstante, a finales de marzo, Venezuela anunció un nuevo acuerdo con Estados Unidos para retomar los vuelos de repatriación.
En julio, The New York Times reveló que ambos países estuvieron cerca de concretar un nuevo intercambio de prisioneros en mayo, pero la negociación se frustró por diferencias internas en el equipo de Trump. Según el reportaje, el secretario de Estado, Marco Rubio, lideraba un acuerdo para liberar a los migrantes detenidos en El Salvador a cambio de que Venezuela dejara en libertad a diez ciudadanos estadounidenses y otros detenidos en ese territorio. Sin embargo, el plan no prosperó.
De acuerdo con el medio, el motivo del desacuerdo fue que Richard Grenell presuntamente “trabajaba en su propio acuerdo, con condiciones que Venezuela consideraba más atractivas”, ya que implicaban permitir a Chevron continuar sus operaciones petroleras en el país a cambio de la liberación de presos estadounidenses.
La tensión interna fue anticipada por El Cooperante en un artículo de nuestro analista Ricardo Sucre Heredia titulado “Venezuela: entre la visión de Marco Rubio y la de Richard Grenell”.
En su artículo, Sucre Heredia detalló que la política de Estados Unidos hacia Venezuela se mueve en dos canales que chocan entre sí: la línea dura de Marco Rubio y el enfoque pragmático de Richard Grenell.
Indicó que Rubio impulsaba una estrategia de “presión y quiebre”, bajo la tesis de que el chavismo es una “banda de criminales” sostenida por “la plata y las armas”, y proponía cortar todas las fuentes de financiamiento del Estado para provocar una fractura interna.
Por su parte, señaló que Grenell «buscaba abrir un canal de comunicación con el gobierno de Maduro sin que ello implique un reconocimiento formal». Su enfoque, explicó, es «pragmático y apunta a alcanzar objetivos específicos, como la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos, mediante concesiones puntuales».
A su juicio, «no se trata de negociar principios, sino de intercambiar intereses». Considera que abordar primero temas instrumentales podría, eventualmente, «allanar el camino hacia discusiones de mayor profundidad».
En el artículo, Sucre Heredia también afirmó que Trump necesitaba asegurar los votos de congresistas republicanos cubanoestadounidenses para aprobar su proyecto legislativo insignia, el Big Beautiful Bill. Para lograrlo, sacrificó temporalmente la licencia, a pesar de que Grenell la consideraba una herramienta útil para “construir confianza” diplomática.
Asimismo, explicó que Trump tiende a respaldar a Rubio porque cree que Maduro «estaba por caer en 2020» y que Biden «lo salvó» con las “licencias Biden”. Sin embargo, sostuvo que aún mantiene a Grenell cerca y no ha roto con él.
Caso Chevron
Las conversaciones secretas fueron confirmadas oficialmente el 19 de julio, cuando Venezuela recibió un nuevo grupo de migrantes deportados y liberó a diez estadounidenses, además de varios opositores. Casi una semana después, Maduro confirmó que Chevron había recibido una nueva licencia para seguir operando en el país.
“Efectivamente, la empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para continuar sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez”, dijo Maduro en entrevista con TeleSur. Consultado sobre si ese permiso estaba vinculado al reciente canje de prisioneros, se limitó a responder: “No comment”.
En las negociaciones no participaron ni María Corina Machado ni el sector opositor que la respalda.
El mandatario venezolano afirmó que, durante el periodo en que la licencia estuvo en suspenso, los pozos operados junto con Chevron incrementaron su producción. “Venezuela ha crecido un 12 % en producción petrolera con esfuerzo propio. Nosotros no necesitamos licencia para operar”, insistió.
Asimismo, informó que se habían establecido “mesas de trabajo” para que Chevron se reintegrara plenamente a sus funciones: “Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más y trabajar sin problemas”, expresó.
La postura de Estados Unidos
Aunque los detalles de la licencia no fueron divulgados públicamente, la agencia Reuters confirmó que se trata de una autorización restringida que prohíbe transferencias de fondos al gobierno venezolano.
En la nota firmada por la periodista Marianna Parraga se señala que el permiso fue otorgado de manera confidencial y permite a Chevron tomar decisiones en sus empresas mixtas, así como participar en adquisiciones y pagos contractuales.
La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, insistió en que Washington no permitirá que “los ingresos del petróleo financien o beneficien al Gobierno venezolano”. Por su parte, Natalia Molano, vocera en español del mismo organismo, afirmó que la administración Trump está siendo “más directa y coherente” en su política hacia Caracas.
“El Gobierno estadounidense está haciendo todo lo posible, con herramientas y medidas contundentes, para cerrar cualquier flujo de recursos y de dinero al Gobierno de Maduro”, dijo Molano a W Radio. Aunque evitó revelar detalles de la licencia, reiteró que “ninguna medida va a terminar lucrando” al Ejecutivo venezolano.
La reacción de María Corina Machado
La opositora María Corina Machado se refirió al tema en una entrevista con César Miguel Rondón, donde afirmó que las empresas petroleras, entre ellas Chevron, tienen un “desafío que resolver”.
“Relacionarse simultáneamente con el presidente o el jefe máximo de Pdvsa, que es Maduro, como mínimo les genera graves problemas reputacionales, más allá de los judiciales y financieros”, afirmó.
Machado, cuyo enfoque de “presión total” cumplió un año sin resultados concretos, reiteró que “espera mucho” de Estados Unidos y de sus aliados en América Latina, Occidente y Europa.
“Lo que está en juego en Venezuela no es solo nuestra vida y la existencia de Venezuela como nación. Está en riesgo la estabilidad del hemisferio y la seguridad nacional del propio Estados Unidos”, advirtió.
Según la dirigente, hay “múltiples fuerzas desplegándose” en Venezuela, incluyendo “agentes y actores que están haciendo muchísima plata a costa del hambre de los venezolanos”, mediante lo que describió como “negocios oscuros de casi naturaleza mafiosa”.
“Operan durísimo, invierten millones y millones en lobby, propaganda, en confusión afuera y adentro. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, que esto es lo que estamos enfrentando, gente que está haciendo toda la plata del mundo en los negocios más oscuros, de casi naturaleza mafiosa y no les importa que eso implique la destrucción del país, pero es lo que es y hay que asumirlo”, expresó.
La licencia a Chevron fue otorgada en noviembre de 2022 por la administración Biden, con el fin de incentivar condiciones electorales en Venezuela. Tras considerar que el gobierno no cumplió con lo acordado, Washington revocó el permiso el 27 de mayo de este año.
En mayo, Machado criticó públicamente los intentos de Chevron por obtener una renovación. En entrevista con Fox News, calificó de “absurdo” que la compañía negociara con la Casa Blanca para mantenerse en el país. “Francamente, no lo entiendo, es absurdo. Maduro está obteniendo solo migajas que saca de Venezuela; pero Venezuela, en este momento, es el país con las reservas de petróleo más grande del mundo y también de gas”, manifestó.
Para la exdiputada, era una “decisión estúpida” de quienes “quieren apoyar a Maduro”, y reiteró que Venezuela podría convertirse en un centro energético regional solo bajo un “gobierno democrático”.
En esa misma línea, Machado consideró que las decisiones de Trump sobre Venezuela y su estrategia eran “absolutamente correctas” y “ya estaban funcionando”.
“Maduro está usando nuestros recursos y el dinero que obtiene de actividades ilícitas y el petróleo para promover la migración de venezolanos, desestabilizando la región”, acusó.
“El enfoque correcto es uno centrado en la autoridad y ya está funcionando. Maduro está en su posición más débil”, sentenció.
Con información de El Cooperante
