Defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos venezolanos denunciaron una serie de traslados irregulares y sin notificación previa desde el centro de torturas El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, hacia distintos centros penitenciarios del país.
La abogada Tamara Suju informó que al menos ocho personas privadas de libertad por razones políticas habrían sido movilizadas sin previo aviso, en condiciones que podrían configurar desapariciones forzadas temporales.
Según la denuncia, los presos políticos Justo Daza y Alejandro Torres, implicados en el caso conocido como “Operación Gedeón”, habrían sido trasladados al Fuerte Guaicaipuro. En el caso de las mujeres presas políticas Karen Hernández, Samaira Romero y Carla Da Silva, también vinculadas a Gedeón, fueron presuntamente enviadas al Retén de Mujeres Las Crisálidas.
Suju agregó que un tercer grupo de presos políticos habría sido trasladado hacia la cárcel Rodeo I, aunque sus identidades no han sido confirmadas.
Artículos Relacionados
La familia del abogado Alejandro Rebolledo también denunció el martes que fue trasladado arbitrariamente desde El Helicoide, sin que hasta el momento se conozca oficialmente su paradero.
“Han transcurrido 257 días desde su detención, sin acceso a llamadas, visitas ni a su equipo legal. Su reclusión ha estado marcada por el aislamiento absoluto, sin garantías procesales ni respeto a sus derechos básicos”, denunció su familia a través de un comunicado.
Rebolledo fue detenido en noviembre de 2024 tras regresar voluntariamente a Venezuela con la intención de regularizar su situación jurídica, y se encuentra imputado por los delitos de “traición a la patria” y “conspiración contra la forma política”.
Los familiares de Rebolledo exigieron una fe de vida inmediata, información oficial sobre su ubicación y el respeto pleno a su integridad física y psicológica. Reclamaron además que se respete su derecho a la defensa y a comunicarse con sus seres queridos.
