La corporación estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) emitió este lunes una alerta denunciando haber sido objeto de una incursión digital maliciosa. Según la compañía, se trató de un «ataque cibernético dirigido a detener su operatividad». En su comunicado oficial, la empresa enmarcó este suceso dentro de una supuesta «estrategia» impulsada por Estados Unidos con el objetivo final de «hacerse» con las reservas de crudo venezolano «por vía de la fuerza y la piratería».
La directiva de la petrolera manifestó su repudio ante el incidente, rechazando «categóricamente» lo que describió como una «acción deleznable». El texto oficial sostiene que la ofensiva digital fue «orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano».
En un tono que mezcla la denuncia técnica con la retórica política, el comunicado advirtió sobre la recurrencia de estas hostilidades: «No es la primera vez que el Gobierno de los Estados Unidos, aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las Navidades al pueblo venezolano», subrayó la estatal.
Integridad operativa y suministro garantizado
A pesar de la gravedad de la denuncia, Pdvsa aclaró que la producción y el procesamiento de hidrocarburos no se vieron comprometidos. La empresa atribuyó el éxito de la defensa de sus sistemas a «la pericia del talento humano de Pdvsa, las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo».
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De esta manera, la compañía buscó tranquilizar a los mercados internos y externos, afirmando que «Se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación».
Tensión en alta mar y confiscación del buque ‘Skipper’
Esta denuncia de sabotaje informático se produce en un contexto de máxima tensión geopolítica, apenas cinco días después de que el Gobierno de Nicolás Maduro protestara enérgicamente por lo que calificó como el «robo descarado» de un buque petrolero por parte de autoridades estadounidenses. Este incidente marítimo ocurrió en medio de un amplio despliegue militar de EE. UU. en el mar Caribe, una maniobra que Caracas interpreta como una «amenaza» directa diseñada para propiciar un cambio de régimen.
El pasado 10 de diciembre, la situación escaló cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente que su administración había interceptado y confiscado un carguero frente a las costas de la nación suramericana. Este hecho ha profundizado la brecha entre Washington y Caracas, cuyas relaciones diplomáticas se encuentran rotas desde el año 2019.
El Ejecutivo chavista reaccionó equiparando esta acción con la pérdida de sus activos en el exterior, declarando que ese «nuevo acto criminal se suma al robo de Citgo», la filial de Pdvsa en suelo norteamericano. Asimismo, el gobierno anunció que acudirá a las instancias internacionales correspondientes para denunciar «este grave crimen internacional».
Respecto a los detalles de la embarcación incautada, el diario estadounidense The New York Times reportó que se trata del petrolero Skipper. Según el medio, el barco navegaba utilizando una bandera falsa y fue retenido por orden de un juez federal de EE. UU. debido a sus vínculos previos con redes de contrabando de petróleo iraní —sector también sancionado por la Casa Blanca—, aunque en el momento de su intercepción transportaba crudo venezolano.
