El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, calificó como “intimidatorio” el proceso judicial por el cual fue citado este miércoles en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde se le acusa de presuntamente cometer delitos contemplados en la Ley contra el odio.
Murillo, quien estuvo cinco horas en la sede de la policía científica en Caracas, fue entrevistado por un inspector jefe de la División de Homicidios del Cicpc en calidad de “testigo” del deceso del activista de Voluntad Popular Edwin Santos, quien fue encontrado muerto en una carretera cercana a El Nula, estado Apure, el 25 de octubre.
Dado que Provea calificó su fallecimiento como un asesinato, ahora Murillo enfrenta una investigación por “instigación al odio”, reseñó El Tiempo.
“Creo que esto tiene definitivamente un efecto intimidatorio en el resto de las organizaciones, pero también en las víctimas, en los sacerdotes y comunidades religiosas que son los que acompañan en sus pueblos, en sus comunidades más remotas del centro político del país, a las víctimas en sus denuncias”, expresó.
El profesor universitario manifestó que no descarta la posibilidad de ser aprehendido en los próximos días. Por esto, pidió al gobierno de Nicolás Maduro detener «el hostigamiento» contra las organizaciones no gubernamentales.
Murillo ya había dicho que esta citación tiene varias irregularidades, pues no se explicó qué se investiga o en calidad de qué fue citado. Además, este es el segundo llamado a declarar, pese a que no recibió ningún documento antes del domingo. Ahora deben consultar el expediente que adelanta la Fiscalía en San Cristóbal para tener más detalles sobre la acusación.
“Reivindicamos lo que hace una organización de derechos humanos: acompañar a las víctimas en su desesperación de una persona desaparecida las primeras horas y después lo que todo el país pidió, una investigación imparcial, independiente a raíz de todo lo que habíamos conocido de su muerte”, dijo el coordinador de Provea.
Además, Murillo cuestionó que la citación se haya relacionado con la Ley contra el Odio, al ser por el asesinato de Edwin Santos. “No es normal que en un desarrollo normal del país una ONG tenga que estar rindiendo declaraciones por lo que hace. En esencia lo que nosotros hacemos es recibir una denuncia, orientamos a las familias, las acompañamos en su visibilización del caso y exigimos a las autoridades que hagan lo que corresponde”, opinó.
Recordó que Provea es una institución que defiende los derechos humanos desde hace 36 años. “Venimos a reivindicar que defender derechos humanos no conlleva ningún delito y que acompañar a los ciudadanos es un trabajo medular de las organizaciones de derechos humanos (…) Precisamente quién tiene deudas con los derechos humanos y el Estado de derecho son las instituciones”, apuntó.