La ONG Fundaredes denunció, este viernes, la crisis ambiental y de Derechos Humanos en el país, generada por la minería ilegal para la extracción de oro en los estados amazónicos Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, que tienen fronteras con Colombia y Brasil.
Mediante una publicación en su cuenta de X, la organización señaló que las actividades de minería “han destruido bosques, contaminado ríos con mercurio y afectado a las comunidades indígenas, quienes sufren desplazamiento, explotación laboral y violencia”.
Asimismo, destacó que la presencia de grupos armados y mafias agrava la vulneración de los derechos básicos de los habitantes de estas zonas, como lo es el derecho a un ambiente sano y seguro.
Las cifras del observatorio de Ambiente de Fundares, presentadas en el Proyecto EPA, reflejaron que en septiembre pasado en el Arco Minero del Orinoco venezolano operaban cerca de 20.000 mineros.
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A su vez, afirmó que estas operaciones ilegales causan un grave deterioro en la calidad de la vida de quienes habitan en estas comunidades locales, ubicadas entre Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas que cuentan con una gran biodiversidad y riqueza en recursos naturales, culturales y minerales.
Además, en la región amazónica habitan alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande de Venezuela, según la ONG ambientalista Provita.
El régimen de Nicolás Maduro informó que más de 12.000 personas dedicadas a la minería ilegal fueron desalojadas de varias minas ubicadas en los estados amazónicos, entre ellas, la ‘Bulla loca’, en el estado Bolívar, que sufrió un derrumbe el pasado febrero, dejando un saldo de, al menos, 16 muertos y 36 heridos.
