El senador estadounidense, Rick Scott, se pronunció este domingo tras conocer que la investigación que abrió la Fiscalía General en contra la líder de la oposición, María Corina Machado, por respaldar la reciente legislación estadounidense conocida como Ley Bolívar, que veta contratos con la dictadura de Venezuela.
«Después de que el Presidente Donald Trump ganó y mi Ley BOLÍVAR se aprobó en la Cámara, el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, está aterrado de perder su poder», enfatizó en un mensaje en su cuenta de X.
En tal sentido, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro «está haciendo acusaciones infundadas y desesperadas contra la activista por la democracia, María Corina Machado, y su equipo, y están tras ellos antes de que Trump asuma el cargo».
Asimismo, envió un mensaje a Maduro y «sus matones», asegurando que los días de las débiles políticas de apaciguamiento del presidente de Estados Unudos Joe Biden «han TERMINADO» con la nueva administración del recién electo presidente Donald Trump.
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«El mundo está observando y no se vería nada bien para ti hacerle daño a María y su equipo o arrestarlos injustamente a ellos o a CUALQUIER, activista amante de la libertad», puntualizó Scott.
After President Trump won and my BOLIVAR Act passed the House, the illegitimate Maduro regime is scared to death of losing its power.
— Rick Scott (@SenRickScott) November 24, 2024
Now they’re making baseless, desperate accusations against democracy activist @MariaCorinaYA and her team, and going after them before Trump… https://t.co/3kQ7f5Uy3m pic.twitter.com/AOy7OR7AqN
Según el Ministerio Público (MP) del régimen, Machado podría ser responsable de delitos como traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir, basándose en sus declaraciones públicas sobre el proyecto de ley.
El fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, calificó la normativa como un “adefesio jurídico”, mientras que las autoridades acusan a la dirigente de promover sanciones que perjudican al país.
Este proyecto de ley, presentado como una respuesta a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, impide contratar con entidades vinculadas al “Gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro”.
El proyecto de ley, respaldado de manera bipartidista en Estados Unidos, se enmarca en un esfuerzo por aislar financieramente al régimen de Maduro y fomentar un cambio político en Venezuela.
