La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, abrió este jueves un proceso de «diálogo político», en el que no participa la oposición mayoritaria, para revisar las leyes comiciales y los requisitos para competir por cargos de elección popular, de cara a las votaciones regionales y municipales previstas para 2025.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, explicó, ante representantes de varios partidos que acudieron a esta primera reunión, que este proceso busca crear un nuevo marco electoral, pues «muchas de las leyes se han quedado rezagadas frente al desarrollo y el devenir de la acción política en Venezuela».
«No se puede participar en la vida política nacional y, al mismo tiempo, promover acciones militares extranjeras o promover homicidios o promover carros bomba. Es completamente inconcebible y no se compagina la acción política con unas acciones que no pueden catalogarse sino de terroristas», sostuvo, sin señalar a nadie de este tipo de hechos.
Sin entrar en detalles sobre el tiempo que tomarán estas consultas, reiteró que uno de los propósitos es crear normativas que impidan la injerencia de factores externos en los comicios venezolanos, un asunto en el que cree que el país ha sido «un poco laxo».
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El canal estatal VTV aseguró que a esta actividad fueron invitados los representantes de los 38 partidos que participaron en las presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mandatario reelecto, un llamado que no fue atendido por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que denunció fraude en los últimos comicios.
La alianza antichavista invitó el miércoles al Gobierno -que la acusa de liderar acciones golpistas y terroristas- a acordar los «términos de una negociación seria» para una «transición» de cara al 10 de enero, cuando comienza el próximo período presidencial.
Pese a que Maduro fue proclamado ganador por el poder electoral, la PUD insiste en que su abanderado, Edmundo González Urrutia, fue el vencedor y, para sustentar su reclamo, publicó en una página web el «83,5 % de las actas» que dice haber recabado a través de testigos y miembros de mesa. EFE
