El gobierno colombiano pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que indulte al excabecilla de las FARC Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, antes de que deje el cargo en enero.
Simón Trinidad, un exbanquero que pasó por Harvard antes de convertirse en un líder de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue capturado en Ecuador en 2004 y extraditado a Estados Unidos, donde cumple condena de 60 años por secuestro. Está detenido en una prisión de Colorado.
En un comunicado subido este lunes a la red social X, la Embajada de Colombia informa que el 12 de noviembre envió una nota diplomática pidiendo el indulto «en un espíritu humanitario y con el propósito de contribuir a la agenda de paz de Colombia«.
«Este esfuerzo busca garantizar la participación del señor Palmera en los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz, priorizando su contribución con la verdad para avanzar en la justicia y la paz en el país», escribió.
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Antes de dejar la Casa Blanca en manos de su sucesor Donald Trump, Biden tiene la posibilidad de otorgar indultos, lo que se ha convertido en una tradición para los presidentes estadounidenses.
Polémica en Colombia por el pedido de indulto a Simón Trinidad
La embajada también solicita «facilitar las condiciones técnicas» para que Simón Trinidad participe en las «audiencias virtuales requeridas por las autoridades judiciales colombianas».
La petición del gobierno del izquierdista Gustavo Petro ha generado polémica en Colombia.
En la misma red social, el exministro de Defensa y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón pidió a Washington «en ningún caso aceptar la petición».
La senadora del Centro Democrático (derecha) Paloma Valencia también se quejó.
«A través de la modalidad de gestores de paz, hemos visto salir a los peores criminales. Primero la liberación de paramilitares; ahora parece que también se pretende la de Simón Trinidad. Los colombianos no queremos a los criminales en la calle, sino en la cárcel«, publicó en X.
La mayor organización guerrillera de América acordó dejar las armas en 2016 pero algunos grupos disidentes siguieron operando y desde entonces se han fortalecido en armamento y número de combatientes.
Ocho años después también han crecido las críticas contra el tribunal especial creado para juzgar los peores crímenes del conflicto porque aún no ha emitido su primera sentencia.
Con información de AFP
