Desde hace poco más de una semana, conforme comienza a tensarse de nuevo el panorama político del país en camino a la toma de posesión presidencial este 10 de enero, los cuerpos de seguridad del Estado han reanudado un fuerte hostigamiento en contra de la Embajada de Argentina en Caracas -en este momento administrada por Brasil-, en la cual están asilados seis importantes dirigentes de la oposición venezolana desde hace unos meses.
En esta ocasión, el celo de la policía chavista ha incluido la residencia de Corina Parisca, madre de María Corina Machado, una figura muy conocida de la sociedad civil venezolana, que ahora está siendo víctima de maniobras intimidatorias. Al hacer la denuncia en su cuenta de X, antes Twitter, María Corina Machado calificó de “cobardes” a los dirigentes chavistas por el atrevimiento.
El endurecimiento del Gobierno de Maduro, en el verbo y en los hechos, ha sido simétrico con la aprobación de nuevas sanciones internacionales a la plana dirigente chavista en estos días, y la promulgación de nuevas leyes restrictivas para el comercio con Venezuela, después de la reciente victoria electoral de Donald Trump. Ya está vigente en Venezuela, en tiempo exprés, la Ley Simón Bolívar, que penaliza con 30 años de cárcel a quienes hayan propuesto o promovido sanciones internacionales al país.
En la Embajada de Argentina en Caracas están asilados, desde el pasado mes de marzo, Magalli Meda, jefa de campaña y coordinadora de Vente Venezuela, mano derecha de Machado; Claudia Macero, responsable nacional de comunicaciones de la campaña de Edmundo González y de Vente Venezuela; Pedro Urruchurtu Noselli, responsable de las relaciones internacionales; Humberto Villalobos, coordinador electoral de la organización y experto; Omar González, responsable del partido en el estado Anzoátegui; y Fernando Martínez Móttola, el único que no es cercano al entorno de Vente, miembro independiente de la Plataforma Unitaria.
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Casi todos están acusados de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir por los funcionarios del régimen venezolano. Estos dirigentes forman parte de las decenas de activistas opositores que fueron judicializados mucho antes del día de las elecciones del 28 de julio, bajo diversos pretextos.
El denunciado acoso a la embajada ha comprendido cortes de luz de varios días y racionamiento severo de agua. Los afectados afirman que se ha amenazado a las empresas que prestan servicio de comida a la embajada y muchas de ellas no quieren acercarse. Parte importante del personal ha comenzado a faltar al trabajo, temerosa de represalias. Estos dirigentes políticos tienen tres meses que no reciben visitas. Son frecuentes las rondas de funcionarios con el rostro cubierto y el cierre de calles. Se han reportado vuelos de drones.
El contacto con los miembros del personal diplomático de Brasil y Argentina ha sido muy escaso. El personal diplomático destacado en Caracas, incluyendo el Nuncio Apostólico, han mantenido un manifiesto silencio en toda esta circunstancia. El Gobierno de Javier Milei, enemigo declarado del chavismo, ha emitido otro comunicado denunciando “los actos de hostigamiento e intimidación contra las personas asiladas en la embajada argentina, actualmente bajo la protección diplomática del Gobierno de Brasil”. El Gobierno brasileño, que tiene también deterioradas las relaciones con Maduro, ha tenido mayor discreción.
Argentina hizo un llamado a la comunidad internacional “para condenar estas prácticas y exigir los salvoconductos necesarios que permitan la salida de Venezuela” de los seis opositores refugiados en la sede diplomática, y agradeció a Brasil por “representar los intereses argentinos en Venezuela, asumiendo la protección de los locales diplomáticos, y por sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los asilados frente al hostigamiento del régimen venezolano”.
Las embestidas en contra de la embajada de Argentina han conocido, al menos, tres picos de intensidad. Si en algunos momentos la presión ha sido máxima, a ratos se producen repliegues de efectivos. Hace poco, en una rueda de prensa, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Interior y de Justicia, afirmó que no tenía conocimiento lo que estaba sucediendo en la embajada de Argentina. “Desconozco de qué nos acusa el gobierno del fascista Javier Milei”, afirmó. “Si no tienen luz en la embajada, pues que paguen la luz, que paguen los servicios. Nosotros no les vamos a regalar nada”.
