La ONG Espacio Público aseguró en el mes de noviembre el número de casos de violación a la libertad de expresión en Venezuela repuntaron, al documentar en total 21 casos, que se tradujeron en 27 violaciones, principalmente actos de intimidación y censura hacia la ciudadanía en general y medios de comunicación.
«10 de las 25 víctimas de violaciones a la libertad de expresión registradas involucraron a la ciudadanía, seguida de cinco medios de comunicación, tres ONG o miembros, tres periodistas, dos particulares, un medio general y una página o plataforma web«, señala la organización en su reporte mensual.
Afirmó que el 40% de las violaciones a la libertad de expresión en noviembre fueron «actos de intimidación (11), seguidas por nueve actos de censura. El total lo completaron tres hostigamientos judiciales, dos restricciones administrativas, una amenaza y una restricción ilegal«.
«Documentamos siete victimarios: dos funcionarios, dos instituciones del Estado, un cuerpo de seguridad, un desconocido y un miembro del Ejecutivo«, agregaron.
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Criminalización de periodistas y activistas
En el estado Vargas, la periodista y corresponsal de La Patilla, Ana Guaita, fue pasada a juicio y privada de libertad en una audiencia celebrada el 11 de noviembre, tres meses después de su detención arbitraria en el contexto de las manifestaciones postelectorales.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citó a declarar el 20 de noviembre en Caracas al activista y coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, por una presunta investigación basada en la inconstitucional ley contra el odio.
La citación policial no especificaba el origen ni el fundamento de la alegada investigación del CICPC por un “delito de odio” en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. El 30 de octubre, el ministro oficialista Diosdado Cabello atacó a Provea y amenazó con llevar a la justicia a todos aquellos que denunciaron la detención del dirigente opositor Edwin Santos a manos de agentes del Estado y que pidieron una investigación imparcial sobre su muerte, presuntamente en custodia.
Funcionarios de la PNB intimidaron a trabajadores de la prensa que cubrían el 27 de noviembre una vigilia de familiares de presos políticos en el centro de reclusión El Helicoide, en Caracas, lugar señalado por organismos internacionales como centro donde se practican tratos crueles e inhumanos.
Los funcionarios de PNB le pedían a todas las personas presentes que se retiraran o alejaran de las cercanías de El Helicoide, recinto administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Los funcionarios le pidieron las credenciales a las y los periodistas presentes y le tomaron fotos a los carnets, uno de los efectivos es de apellido Chacón. “Simplemente, sin pedirlo, agarraban los carnets y les tomaban fotografías”, dijo una periodista que estuvo en el lugar.
Autoridades del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas, ordenaron la prohibición del acceso de periodistas a cualquiera de las instalaciones de este recinto público, así como “suministrar cualquier tipo de información” sobre los servicios que se prestan allí.
La comunicación, firmada el 13 de noviembre por el director del centro de salud, comenzó a ser distribuida el 22 de noviembre entre el personal interno y señala que toda información a los periodistas debe ser autorizada. Periodistas locales afirman que la prohibición ya se aplicaba desde años anteriores, pero ahora es oficial y escrita.
Internet
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) alertó el 12 de noviembre, a través de su WhatsApp institucional, que su cuenta en la red social Instagram (@cevmedios) fue hackeada. De acuerdo con un informe recabado por la Oficina de Prensa de la CEV, la alerta sobre el hackeo la detectaron al recibir un correo electrónico de Instagram sobre un inicio de sesión desde un dispositivo móvil desconocido.
Minutos después del aviso, llegó uno nuevo y en el correo se observa el cambio de imagen de perfil de la cuenta. A las 6:00 a. m., la Oficina de Prensa de la CEV recibió un mensaje a través de su WhatsApp institucional de parte del hacker, quien admitió el robo de la cuenta e intentó extorsionar a la CEV pidiéndole 200 dólares estadounidenses por devolverle el acceso.
Desde mediados de noviembre las y los habitantes del estado Nueva Esparta sufren de constantes apagones y cortes de electricidad que les impiden el ejercicio de múltiples derechos humanos, incluyendo el de comunicarse de manera óptima con familiares y amigos, buscar y recibir información.
Periodistas de la región, bajo anonimato por temor a represalias por parte del Estado, afirman que los primeros cortes eléctricos comenzaron el martes 12 de noviembre, un día después de la explosión de la planta Muscar en el estado Monagas (este), que surtía con gas a las plantas termoeléctricas de Nueva Esparta.
El problema también impide la difusión de contenido a través de la radio y televisión, limitando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la información. Además, la falta de acceso a internet por no contar con electricidad también es un factor limitante, al que se suman las caídas prolongadas de las redes de telefonía, impidiendo así el envío de mensajes de texto y hacer llamadas. Tras la explosión en la planta Muscar, el Observatorio de Internet VE sin Filtro detectó al menos cuatro caídas de conectividad.
Al menos 16 estados del país registraron caídas de conectividad el 18 de noviembre a raíz de un bajón eléctrico, afectando principalmente a la región occidental. A raíz de los cortes eléctricos por la explosión de la planta Muscar, en Nueva Esparta la conexión a internet cayó a 56 % de sus valores normales.6
Como consecuencia del bajón eléctrico del 18 de noviembre, la conectividad se redujo a 60% en Falcón, 68% en Cojedes, 80% en Carabobo y 75% en Yaracuy.
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