El domingo 15 de diciembre, Bolivia acudirá a las urnas para elegir por tercera vez a los jueces que dirigen los principales tribunales judiciales del país: el Supremo, el Constitucional, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este jueves la lista actualizada de las 94 candidaturas que finalmente participarán en los cómicos.
Sin embargo, una sentencia judicial declaró parcialmente “desierta” la convocatoria en cinco departamentos cuando el proceso estaba en marcha, por lo que siete jueces no serán relevados.
Los que se mantendrán en sus cargos son dos jueces del Supremo y cinco del Constitucional, de los departamentos de Pando y Beni en el primer caso, y de Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni en el segundo.
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Son 7.334.435 de bolivianos que se encuentran habilitados en el Padrón Electoral Biométrico para este domingo, quienes elegirán a cinco magistraturas titulares y cinco suplentes al Tribunal Agroambiental; tres titulares y tres suplentes al Consejo de la Magistratura; siete titulares y siete suplentes al Tribunal Supremo de Justicia; y cuatro titulares y cuatro suplentes al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Esta elección, poco usual en el mundo, se realiza con un año de retraso y genera controversia por el poder ejercido por algunos jueces en el último tiempo. La votación tenía que realizarse en el segundo semestre de 2023 para que los nuevos jueces asuman el 2 de enero de 2024, pero se generaron retrasos por falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la convocatoria y una serie de recursos judiciales que obligaron a modificar reglamentos y ajustar la normativa, lo que postergó de manera indefinida la elección.
Al no haberse cumplido los plazos constitucionales, los magistrados elegidos en la votación previa (2017) prorrogaron sus cargos, una acción que ha generado polémica porque muchos la consideran ilegal y cuestionan la legitimidad de sus resoluciones.
En el último año, magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron sentencias que ordenaron el escenario político como la inhabilitación de Evo Morales para ser candidato, la validación de un aliado de Luis Arce como nuevo jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) o la limitación de atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por nombrar solo algunas.
El mismo organismo declaró “desierta” la convocatoria a las elecciones judiciales en cinco de nueve regiones cuando el proceso ya estaba encaminado y desconociendo el principio de preclusión que rige todos los eventos electorales en Bolivia. Con esa disposición, firmada por Gonzalo Hurtado y René Yván Espada, consiguieron suspender la elección de los jueces que los iban a relevar en su cargo por lo que posiblemente los actuales continúen en sus cargos.
“Las sentencias del TCP son de cumplimiento obligatorio”, explicó a Infobae el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila, consultado sobre los reclamos de vulneración a la independencia de poderes en Bolivia.
Votación incierta
En los dos comicios anteriores (2011 y 2017), los votos nulos y blancos dominaron el resultado, lo que sugiere falta de interés en la población por esta votación. Sin embargo, suscita mayor atención debido a las decisiones emanadas por el TCP, al que muchos consideran un “supra poder” que interfiere en la independencia de otras instituciones del Estado.
En ese sentido políticos de oposición y activistas han publicado “listas azules” -en referencia al color del partido oficialista- para elegir jueces independientes, que no respondan a los intereses del Gobierno y que ayuden en la reconstrucción de la institucionalidad judicial.
basura judicial y recuperarla de las garras del masismo, no nos gusta el proceso, no es la manera (….) pero no hay peor batalla que la que no se libra”, escribió en su cuenta de X la diputada Luciana Campero al difundir las listas.
Si bien la atención se centra en la elección de jueces, la crisis del sistema judicial en Bolivia es mucho más profunda y no parece que se vaya a resolver cambiando unos jueces por otros. Según las encuestas de opinión, el Órgano Judicial es el que menor credibilidad y aprobación tiene de la población, debido a problemas estructurales como la retardación de la justicia y la corrupción dentro del sistema
