Carlos Julio Rojas, defensor de derechos humanos y directivo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas, cumple este sábado 250 días en prisión sin derecho a la defensa, incomunicado y con el agravamiento de problemas de salud.
“Más nunca le permitieron las llamadas telefónicas, aunque estar comunicado es un derecho”, señaló su esposa, Francy Fernández. “Carlos Julio no pudo volver a llamar a su familia”.
En estos 250 días “todo ha sido horrible, porque Carlos Julio está allí en contra de su voluntad”, subrayó Hernández. La esposa del periodista ha vivido la suspensión de las visitas y la aparición de afecciones de salud, posiblemente relacionadas con la cárcel, como molestias en la columna vertebral y dolor en las piernas. “He pedido que lo vea su médico de confianza, pero hasta ahora no han accedido”.
Sin abogado de confianza
A Rojas todavía no le permiten que lo defienda su abogado de confianza, y por esa razón está sometido a los avatares de la defensa pública. Las condiciones de reclusión no han sido las mejores: “Lo han tenido hasta dos semanas sin poder tomar sol”, lamentó.
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Carlos Julio Rojas fue detenido el 15 de abril de 2024 cuando transitaba cerca de su residencia, en la Candelaria. Le imputaron los cargos de asociación e instigación para delinquir, terrorismo, conspiración y magnicidio en grado de tentativa.
Para Francy Fernández es incomprensible que, 250 días después, Carlos Julio continúe tras las rejas: “Es un buen profesional, buen hombre, periodista y defensor de derechos humanos. No ha hecho nada malo para estar allí”. Hernández se sumó a la campaña Por una Navidad sin Presos Políticos, para que todos los presos por razones políticas sean puestos en libertad.
El defensor de derechos humanos y periodista, por su parte, envió un mensaje de agradecimiento a Amnistía Internacional y a la ONU por insistir, ante el gobierno venezolano, en que debe ser liberado de inmediato.
En octubre pasado, AI advirtió que Rojas y otras personalidades presas, como Rocío San Miguel, Kennedy Tejeda, Edward Ocariz, Javier Tarazona y Henry Gómez tienen en común que son defensores y están detenidos arbitrariamente. “No son culpables de nada, o más bien, culpables de defender derechos humanos”, subrayó la organización.
