La semana pasada, Nicolás Maduro quiso dar una muestra de su poder y puso a desfilar a civiles armados con fusiles por el centro de Caracas como parte de un «nuevo plan de defensa activa» para «reactivar todos los cuerpos de combatientes de la clase obrera a lo largo y ancho del país».
Funcionarios públicos, trabajadores del sector petrolero y de la compañía estatal de electricidad, empuñando armas de fuego, cumplieron su juramento frente a la espada de Simón Bolívar, en un evento que coincidió con la conmemoración de los 194 años del fallecimiento del libertador. «Vayan al combate, a la batalla y siempre a la victoria», les ordenó el mandatario venezolano. «Sigamos derrotando a los fascistas y al terrorismo. Que venga de afuera o que venga de adentro».
El acto, en el que también estuvo presente el ministro del Interior, Diosdado Cabello, tuvo lugar a escasas semanas del 10 de enero, fecha en la que el presidente electo, Edmundo González, asegura que regresará al país para asumir la jefatura del Estado, el papel para el que lo escogieron la mayoría de los venezolanos.
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La defensora de derechos humanos Tamara Suju ha advertido sobre el peligro de la entrega de armas de fuego a civiles, a «gente sin entrenamiento ni conocimiento del manejo debido». Un hecho que describe como la «preparación de grupos subversivos para no reconocer el mandato popular el 10 de enero».
Combatientes obreros
Estos «combatientes obreros» armados por el chavismo forman parte de la milicia bolivariana, un componente de las Fuerzas Armadas que fue creado originalmente como un cuerpo de reserva y que está conformado por voluntarios -hombres y mujeres- de todas las edades.
Según el Gobierno, son más de 4.300.000 personas las que conforman la milicia, una entidad que ha sido criticada por la oposición no solo por la cantidad de recursos que innecesariamente consume, sino por representar un paso más en la profundización de la militarización de la sociedad venezolana, o la «unión cívico-militar-policial», como la denomina el oficialismo.
Distintos analistas señalan a las Fuerzas Armadas como el único pilar que todavía sostiene al chavismo, pues el apoyo popular que cosechó Hugo Chávez ha sido completamente dilapidado por Maduro. Estos cuerpos armados han sido los protagonistas de la represión durante los últimos tiempos, que ha logrado silenciar cualquier tipo de manifestación callejera de disidencia.
Fuerzas de represión
En los últimos años, el Gobierno venezolano ha ido incrementando la retórica belicista, señalando al «imperio estadounidense» como el enemigo externo y a la «derecha fascista» como el enemigo interno, para promover el miedo entre la población y paralizarla, algo que distintas ONG han denunciado.
En 2017, cuando el país vivía intensas jornadas de protestas, Amnistía Internacional (AI) aseguró que, al desplegar fuerzas y cortes militares para confrontar una situación política y social cada vez más tensa, la administración de Maduro sólo intensificaba la crisis, «como quien intenta apagar un incendio con gasolina». «Al considerar a los manifestantes como ‘terroristas’ y acusar a civiles de crímenes que solo son aplicables a los soldados, la administración de Maduro convierte la crisis política en un conflicto violento, cuando debería estar escuchando las preocupaciones legítimas de la gente y trabajando para encontrar soluciones», denunció entonces un informe de AI.
Pero el Gobierno ha dejado claro que no quiere escuchar las inquietudes de la población, que son el comienzo de una transición, y ha decidido aferrarse al poder.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha insistido en que las Fuerzas Armadas deben ser conscientes del «momento histórico» que vive el país. «Doscientos años después, el imperialismo continúa en su asechanza de perturbar, de fragmentar, de destruir, de dividir a las fuerzas revolucionarias, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», dijo durante un acto el 14 de diciembre, día en que reiteró su lealtad a Maduro.
Uso de la fuerza
Según los analistas, la terminología radical a la que cada vez más recurre la cúpula gobernante de Venezuela sirve para justificar un eventual uso de la fuerza, a pesar de que no se utiliza contra verdaderos enemigos marciales, sino como amenaza de violencia política para aquellos que piensen distinto.
El acto en el que habló Padrino López, en Caracas, tuvo como motivo el anuncio del despliegue operativo de las Unidades de Reacción Rápida (URRA) para «reforzar el sistema defensivo territorial». Dichas fuerzas fueron creadas en 2021 para responder a cualquier tipo de emergencia.
Lo realmente destacable no es la exhibición de estas Unidades de Reacción Rápida, que en el pasado han participado en otras actividades militares como en tareas de desmantelamiento de estructuras de minería ilegal, sino en el momento en el que son desplegadas.
Cabello ordenó a los militares dar respuesta a aquellos que quieran «buscar la violencia como vía de tomar el poder político», así como a quienes «quieren apoderarse de los recursos» del país petrolero, subrayando el hecho de que en Venezuela hay «enemigos que llaman a la violencia» y han cometido actos «terroristas» contra su propio pueblo».
Por la libertad
Aunque no especificó a quién se refería, esos adjetivos son los mismos que utiliza para hablar de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado. «El objetivo es garantizar que el país siga siendo libre, soberano e independiente», declaró Cabello. «Venezuela está bajo asedio. Nuestro país recibe amenazas todos los días de quienes quieren apoderarse de los recursos».
Durante la actividad, el chavismo entregó vehículos para «garantizar la movilidad y la respuesta inmediata» de las veinte Unidades de Reacción Rápida desplegadas por el país «donde haya que darla». «Vayamos a cumplir nuestra acción con celo, con profundo profesionalismo, con sentido ético, con el empleo de armas y el respeto a los derechos humanos», estableció durante el evento Padrino López, señalado por la ONU como uno de los responsables en la cadena de mando de las sistemáticas violaciones de derechos humanos en Venezuela.
