Familiares de los cuatro menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, acudieron este miércoles a la morgue para entregar datos con los que se pueda cotejar la información que se extraiga del estudio a unos cuerpos calcinados hallados el martes.
Uno de los familiares dijo a EFE que están ofreciendo información sobre los rasgos físicos de los menores o alguna seña para compararlos, y además, «personal de Criminalística está entrevistando a los familiares» para los exámenes de antropología, indicó Billy Navarrete, de la organización de derechos humanos que los apoya.
«Si los datos no coinciden, se procederá a examen de ADN que dura 30 días», dijo Navarrete a EFE
Los familiares acudieron al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses hasta donde fueron trasladados los cuatro cadáveres hallados en una zona agreste de Taura, cantón Naranjal, en la provincia de Guayas, mientras se desarrollaban las investigaciones sobre el caso de los cuatro menores desaparecidos luego de haber sido aprehendidos por una patrulla militar.
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Según las primeras investigaciones, reveladas por la prensa local, los cuerpos fueron encontrados en un sector de difícil acceso, a la que solo se puede llegar en bote.
Desaparición forzada
El martes, una jueza aceptó que la desaparición de cuatro menores sea investigada como «forzada» y con «responsabilidad del Estado».
La jueza Tanya Loor aceptó el recurso de hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión «no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos».
Loor ordenó la activación de protocolos de búsqueda de los menores en todo el país y la creación de una comisión multidisciplinaria que investigue los hechos independientemente del proceso judicial.
La Fiscalía ha formulado cargos contra los 16 militares por el delito de desaparición forzada, por su presunta participación en los hechos.
La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) ocurrió la noche del pasado 8 de diciembre, después de una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
En videos, que circulan en redes sociales, se observa que militares detienen a los menores cerca de un centro comercial y los embarcan en una camioneta de uso castrense, donde los golpean y tienden en el piso.
Los uniformados, según las primeras versiones, trasladan a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y donde se pierde totalmente el rastro de los menores.
En la audiencia judicial del martes participaron los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, quienes pidieron a la jueza Loor que no depaso al hábeas corpus, debido a que los niños no se encuentran en manos del Estado y que su desaparición, según ellos, «no se dio en un contexto de custodia estatal ni de las Fuerzas Armadas».
«Ellos fueron trasladados hasta las inmediaciones de la base de Taura, (pero) no existen indicios con los se pueda determinar que los niños fueron ingresados a una unidad militar», dijo el capitán Leonardo Alvear, abogado del Ministerio de Defensa.
«Los niños fueron liberados por parte del personal militar», agregó.
Además, señalaron que la aprehensión de los menores se dio porque la patrulla militar fue alertada de que, «aparentemente, habían cometido algún tipo de acto contrario a la ley».
Sin embargo, el fiscal Christian Fárez señaló que en el proceso judicial que él investiga no existe ningún elemento que indique algún «acto ilícito que hayan cometido los niños».
«No existe un parte policial que justifique, no existe un testigo ni una versión de nadie que el día de los hechos haya realizado ningún acto presuntamente ilícito. Es importante limpiar el nombre y evitar que en la carga mediática se pretenda desviar la atención presentándolos como presuntos delincuentes», agregó Fárez.
Señaló que los militares debieron haber avisado al sistema Ecu 911 del hecho y haber puesto a los niños en manos de la unidad especial de la Policía. Ese «procedimiento es obligatorio», mencionó. EFE
