Las autoridades de Venezuela inauguraron, en una localidad de Caracas, el primer «módulo de paz» para la resolución de «conflictos menores» entre vecinos del sector, casos que serán atendidos por jueces comunales elegidos en unos comicios celebrados este mes, informó este jueves el Gobierno.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, visitó el espacio ubicado en la parroquia El Valle, donde los denominados jueces de paz «ejercerán sus funciones comprometidos» con «la convivencia pacífica de la comunidad», dijo la funcionaria en Telegram, donde compartió un video del recorrido.
«A través de estos módulos y casas de paz, los vecinos, las vecinas van a poder dirimir conflictos menores para que eso no escale, y que sea un espacio también para la democratización», expresó en el video.
Rodríguez deseó éxitos a los «jueces y juezas de paz» para que «no haya conflictos y reine la paz» en la localidad, sobre todo, en «estos tiempos de Navidad».
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El pasado 15 de diciembre, fueron elegidos 30.000 «jueces de paz» en unas elecciones promovidas por el chavismo, con el fin de garantizar «la armonía y la sana convivencia» en los llamados «circuitos comunales» establecidos en todo el territorio, según el oficialismo.
Del total, la mitad son principales y el resto suplentes, quienes, según las autoridades, recibirán un «entrenamiento especializado» en la Escuela de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Varios miembros de la mayor coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- rechazaron entonces esos comicios, entre ellos, el exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien dijo que se trataba de una «nueva farsa» del Gobierno para nombrar «comités de defensa de la mal llamada revolución» con el fin -aseguró- de «controlar y perseguir a quien no esté de acuerdo con este régimen».
El juez de paz es una figura establecida en la recientemente reformada Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, quien tiene la potestad de «conocer los conflictos o controversias» en «su ámbito local territorial» que les «hayan sido confiados para decidir».
Además, «podrán dictar medidas preventivas de urgencia en aquellos casos que sean indispensables para prevenir, reducir o eliminar los riesgos de daños irreparables que la controversia o el conflicto puedan causar», según la normativa.
EFE
