Un grupo de organizaciones de derechos humanos solicitó al Gobierno de Brasil la adopción de “medidas más concretas” para “garantizar una transición democrática y pacífica en Venezuela”, ante los intentos de la dictadura de Nicolás Maduro de usurpar el poder el próximo 10 de enero, cuando está previsto el acto de toma de posesión del próximo gobierno.
Según las actas del CNE publicadas por la oposición, Edmundo González Urrutia obtuvo más del 60% de los votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio, lo que respalda su legitimidad como ganador del proceso.
La petición fue presentada en una carta dirigida a la Presidencia de Brasil y firmada por organizaciones como Conectas Derechos Humanos, Human Rights Watch, Transparencia Electoral Brasil y Transparencia Internacional.
Según el documento, han transcurrido cinco meses desde las elecciones del 28 de julio, en las que las autoridades venezolanas proclamaron la victoria de Maduro, pero las denuncias de fraude formuladas por la oposición “han sido ignoradas”. Las organizaciones afirmaron que hasta el momento “no han sido presentadas las actas de forma desagregada” que validarían el resultado.
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El texto señala que el proceso electoral estuvo marcado por “graves irregularidades” y “fuertes indicios de fraude”, documentados por observadores internacionales. Asimismo, critica que el dictador de Caracas se prepara para asumir su tercer mandato en un contexto de “violaciones generalizadas de derechos humanos” y un “irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas”.
La carta subraya que “esa situación no puede ser normalizada o aceptada por Brasil” y urge al Gobierno brasileño a actuar con determinación frente a “una crisis política-institucional y un deterioro democrático” en el país vecino.
Entre las acciones propuestas, el documento destaca cuatro medidas principales. La primera es el “no reconocimiento del resultado electoral” hasta que las actas del proceso sean presentadas y verificadas, una postura que Brasil ya ha adoptado al no reconocer los resultados hasta ahora.
En segundo lugar, las organizaciones solicitan garantías para la protección y salida de los venezolanos que buscan asilo político y permanecen en la embajada de Argentina en Caracas, bajo la custodia del Gobierno brasileño. Según el texto, Brasil ha abogado sin éxito por otorgar salvoconductos a estas personas ante las autoridades del régimen venezolano.
La tercera propuesta es brindar apoyo a la sociedad civil organizada en Venezuela frente a lo que califican como una “represión severa” de la dictadura chavista. Además, piden acciones más contundentes para lograr la liberación de “todas las personas presas arbitrariamente” tras las protestas que siguieron al fraude electoral de julio.
Finalmente, las organizaciones reiteran la importancia de que Brasil adopte una posición firme y tome medidas claras para abordar la situación en Venezuela y promover una transición democrática en el país.
Entretanto, el mayor bloque opositor de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- ratificó este viernes que la gran mayoría de ciudadanos votó por Edmundo González Urrutia.
“El 28 de julio, la gran mayoría de los venezolanos elegimos a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela”, escribió la coalición antichavista en la red social X.
Por tanto, expresó que se trata de un derecho defender la “soberanía expresada a través del voto”, con el objetivo de “lograr una transición pacífica” en Venezuela, gobernada por el chavismo desde 1999.
La PUD reclamó el triunfo de su candidato con base en el 83,5 % de las actas que asegura haber reunido mediante testigos y miembros de mesa durante la jornada electoral, documentos que la dictadura considera falsos.
González Urrutia, asilado en España, ha insistido en que regresará a Caracas para tomar posesión como jefe de Estado.
Entretanto, el chavismo sostiene que Maduro acudirá el próximo 10 de enero a la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a jurar como mandatario reelecto para un tercer sexenio consecutivo.
