Tras vivir uno de sus años más intensos, la Corte Penal Internacional (CPI) se enfrenta a un 2025 lleno de incertidumbre, con una treintena de órdenes de arresto emitidas y el foco en crímenes graves.
El efecto de las intimidaciones a sus funcionarios, y las amenazas y falta de cooperación de varios países, es un reto a la Justicia internacional.
La CPI tiene abiertas un total de 12 investigaciones, en su mayoría se centran en el continente africano, destacando fuera de éste los casos abiertos por la situación en Venezuela, Afganistán, Filipinas, Birmania (Myanmar), Palestina y Ucrania, pero no todas incluyen ya órdenes de arresto de sospechosos de los crímenes bajo investigación.
Tampoco todas son tan problemáticas para la CPI como lo están siendo Ucrania y Palestina.
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Las amenazas y presiones que están llegando desde dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y Estados Unidos, son vistas como intentos “de influir en la independencia y la imparcialidad de la Corte” y esfuerzos por “politizar” su función, según denunció la presidenta de CPI, la japonesa Tomoko Akane.
“Nunca cederemos a medidas coercitivas, amenazas, sabotajes o ultrajes. La Corte, que defiende el principio del Estado de derecho, continuará persiguiendo la justicia y defendiendo la dignidad y los derechos de las víctimas de atrocidades sin temor ni favoritismo”, advirtió Akane, ante los representantes de los 124 miembros del tribunal, a los que se sumará Ucrania a partir de enero.
Mientras Moscú emitió órdenes de arresto contra los jueces y el fiscal Karim Khan por la investigación de los crímenes de guerra en Ucrania, llegan desde Estados Unidos amenazas con “sanciones económicas draconianas” que tratan a la Corte “como si fuera una organización terrorista” por su investigación de los crímenes cometidos por Israel en Palestina.
Las sanciones podrían ser contra algunos de sus funcionarios, o contra el tribunal en sí mismo, lo que amenazaría el funcionamiento general de la institución judicial.
Akane consideró que las medidas de seguridad actuales para ciertos funcionarios y la Corte son “insuficientes” dada esta “situación sin precedentes” y subrayó que los empleados del tribunal están “gravemente preocupados de que cualquier recorte” en el presupuesto tenga “repercusiones peligrosas en la capacidad de garantizar operaciones seguras y consistentes”.
Más buscados, menos detenidos
La CPI tiene una lista de 30 sospechosos en busca y captura por cometer algunos de los crímenes más graves del derecho internacional, entre ellos están el presidente ruso, Vladímir Putin, acusado de deportación de niños ucranianos a Rusia; y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sospechoso de, entre otras cosas, el uso del hambre como método de guerra en Gaza.
También están el expresidente sudanés Omar al Bashir, por crímenes que incluyen genocidio en Darfur entre 2003 y 2008; Saif al Islam, hijo del difunto dirigente libio Muamar Gadafi; así como otros buscados de larga data como el señor de la guerra ugandés Joseph Kony, cuya confirmación de cargos será, sin precedentes, en rebeldía en septiembre de 2025.
La paradoja es que, mientras se espera que siga aumentando el número de sospechosos en busca y captura por la CPI, el centro de detención internacional en La Haya, donde los sospechosos están arrestados durante el juicio, está cada vez más vacío y solo le quedan cinco residentes, todos ellos comandantes de algún país africano y con un perfil medio.
Uno de ellos es el yihadista maliense Al Hassan Ag Abdoul Aziz, condenado ya en noviembre a 10 años de prisión por crímenes cometidos en Tombuctú en 2012; y otro es el único detenido por los crímenes cometidos en Darfúr (Sudán) desde 2003: Ali Muhammad Abd-al-Rahman, acusado de ordenar a milicianos progubernamentales janjaweed cometer asesinatos, saqueos y violaciones.
Por crímenes de guerra y lesa humanidad en la República Centroafricana (RCA) está detenido Mahamat Said Abdel Kani, antiguo alto cargo de la Seleka, que está siendo procesado por crímenes cuando dirigía dos prisiones en Bangui en 2013.
Además, están detenidos a la espera de conocer su sentencia dos líderes anti-Balaka, Alfred Yekatom y Patrice-Edouard Ngaïssona por crímenes entre 2013 y 2014 en RCA.
La CPI es el único tribunal que no reconoce la inmunidad por cargo, pero no celebra juicios en rebeldía.
Sus jueces estarán pendientes el próximo año de que los países miembros del tribunal cumplan su obligación de cooperar y detener a los sospechosos, permitiendo hacer justicia por la larga lista de crímenes graves cometidos en diferentes puntos del planeta. EFE
