El régimen de Nicolás Maduro rechazó este lunes de «manera contundente» la orden de captura internacional librada por un juez argentino contra el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, y otros miembros de la tiranía nicaragüense por crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado, el régimen chavista tachó de «ilegal e ilegítima» la orden emitida por el juez federal argentino Ariel Lijo, lo que considera una «clara operación de ‘lawfare’ diseñada para agredir a un Gobierno legítimo y soberano».
«Esta ridícula acción, basada en falsedades de agentes alineados al hegemonismo occidental y de sectores opositores antisandinistas, demuestra el uso político del sistema judicial argentino como un instrumento de intervención«, expresó el régimen de Maduro.
A su juicio, «tal agresión responde a una estrategia sistemática que busca socavar la soberanía de los Estados independientes y justificar la imposición de medidas coercitivas unilaterales en nombre de supuestos principios de derechos humanos».
Artículos Relacionados
«Venezuela rechaza categóricamente el uso del principio de jurisdicción universal con fines políticos, una maniobra que viola los principios fundamentales de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados consagrados en el derecho internacional», agregó el régimen chavista.
Desde 2022, la Justicia argentina tramita una causa contra Ortega y Murillo abierta a partir de una denuncia basada en el principio de jurisdicción universal de los derechos humanos.
De acuerdo al escrito judicial, en Nicaragua se puso en marcha en 2018 un «plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil» que se valió «de la estructura del aparato estatal» y cuyo objetivo «era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes». Por ello, el juez Lijo pidió la captura internacional con fines de extradición de Ortega, Murillo y el resto de los imputados para ser indagados por la Justicia argentina por «graves violaciones contra los derechos humanos».
Con información de EFE
