La organización no gubernamental Foro Penal informó que tras las excarcelaciones de las últimas semanas, quedan en el país 1.794 «presos políticos», la mayoría detenidos en el contexto de protestas poselectorales contra el resultado oficial que dio el triunfo al mandatario, Nicolás Maduro, reseñó EFE.
A través de X, el Foro Penal detalló que del total de «presos políticos» 1.589 son hombres y 205 son mujeres, de los que 1.632 son civiles y 162 militares. Además, registró tres detenciones recientes de menores de edad, entre los 14 y 17 años de edad.
Según datos oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron arrestadas tras las elecciones, una cifra mayor a la del Foro Penal, ya que la ONG excluye a quienes considera que han cometido algún delito, así como a los detenidos no reportados por familiares y a aquellos que no tienen autorización de incluir.
El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, dijo a EFE recientemente que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- la Fiscalía no ha publicado una lista con los nombres y apellidos de los recientemente liberados, por lo que el Foro Penal no ha podido verificar el número en su totalidad.
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El lunes 30 de diciembre, el Ministerio Público informó de 413 excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de crisis poselectoral, para un total de 1.369, como parte de un «proceso permanente de verificación de casos» junto con el Poder Judicial. En un comunicado, el MP señaló que, «producto de la más reciente jornada de verificación de causas vinculadas» a «los hechos de violencia postelectoral», fueron «solicitadas y acordadas», entre el 26 y el 30 de diciembre, «un total de 413 revisiones de medidas».
El sábado 28, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que a los excarcelados «se les sigue exigiendo firmar un documento en el que declaran que sus derechos humanos fueron respetados» y, de «no hacerlo, no reciben la boleta emitida por el tribunal que les otorga la libertad condicional».
La mayor coalición opositora considera «presos políticos» a los arrestados durante las protestas poselectorales, mientras que el Gobierno asegura que en el país no hay ningún detenido por razones de conciencia.
El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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