Familiares de los presos políticos recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, en Caracas, denunciaron el miércoles primero de enero lasuspensión de las visitas.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que los familiares acudieron a El Helicoide y no se les permitió entregar alimentos, paquetería ni ningún tipo de insumos para los detenidos.
A través de una publicación en X, la organización indicó que la información que recibieron los familiares es que han suspendido las visitas y el ingreso de paquetería hasta el 6 de enero.
Alertaron que esta situación agrava aún más la condición de los presos políticos y de sus seres queridos, quienes enfrentan este acto como un nuevo atropello a sus derechos y a la dignidad humana. “Exigimos condiciones dignas para todos los detenidos por razones políticas y su libertad inmediata”, indicó Clippve.
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La suspensión de las visitas en El Helicoide ocurre tras la excarcelación de 1.369 de las personas que fueron detenidas en las protestas poselectorales, de acuerdo con cifras del Ministerio Público.
La ONG Foro Penal señaló que todavía quedan en el país 1.794 presos políticos, la mayoría detenidos en el contexto de protestas postelectorales. Del total, 1.589 son hombres y 205 son mujeres, de los que 1.632 son civiles y 162 militares.
Presos políticos sufren torturas y tratos inhumanos
Un reciente informe presentado por Clippvereseñó las condiciones inhumanas, torturas, tratos crueles y degradantes que sufren los presos políticos en Venezuela y que se agravaron tras el contexto postelectoral de julio de 2024.
La organización denunció que en los centros donde se encuentra recluidos presos políticos, como El Helicoide, El Rodeo I, Tocuyito, Tocorón, Yare III, el INOF, La Crisálida, PNB la Yaguara, Ramo Verde y otros comandos policiales, se reportan casos de tortura, malos tratos, aislamiento prolongado, la negación del derecho a la visita de familiares y abogados y la falta de acceso a garantías legales.
El informe revela la negligencia médica, la falta de medicamentos y la precaria atención sanitaria que ponen en riesgo la vida de los detenidos, mientras que la falta de higiene, agua potable, alimentación adecuada y la privación sistemática del derecho a la visita de familiares son otras de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos registradas.
Además, el informe documenta numerosos casos de tortura física y psicológica, incluyendo violencia, colocación de corriente, amenazas, aislamiento prolongado, la restricción de visitas, y la falta de acceso a información.
