El próximo viernes 10 de enero, en medio de enormes tensiones políticas, Nicolás Maduro planea jurar para un tercer mandato sin que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral hayan sido publicados.
La página web del organismo, casi seis meses después de haberse realizado los comicios, sigue sin funcionar, supuestamente producto de un ataque informático. Por esta opacidad que ha cubierto las elecciones del pasado 28 de julio y, en general, por las violaciones de derechos humanos registradas durante el proceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), ha señalado que no puede considerarse que “la reelección de Maduro goza de legitimidad democrática”, según recoge un informe difundido este martes.
El documento resalta que las prácticas de represión sobre más de 300 manifestaciones surgidas a raíz de la opacidad electoral y las denuncias de fraude, constituyen terrorismo de Estado. “La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes. Entre las violaciones documentadas están: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, cancelación de pasaportes, muertes violentas, y un sinfín de violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión”, enumera la CIDH que pide formalmente en este informe al Estado venezolano visitar el país para constatar la situación y el cumplimiento de una serie de recomendaciones.
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De acuerdo con la CIDH, el Gobierno de Venezuela “ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude”. Esto llevó a “proclamar ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia”. El informe recuerda que el CNE suspendió las auditorías posteriores al proceso electoral y se ha negado, hasta el momento, a publicar las actas de votación que respaldan los resultados anunciados. “Anticipando un fraude electoral, la oposición recopiló más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional, con el objetivo de asegurar transparencia y credibilidad de los resultados de la contienda. La totalización de los votos contenidos en estas actas daría la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia, con un 67% de los sufragios”, recoge el informe sobre la estrategia opositora.
Estas denuncias se suman a las ya presentadas por el Centro Carter y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, que participaron como observadores del proceso dentro del país y concluyeron que las elecciones no podían considerarse democráticas, y a las de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, que alertó sobre la reactivación, con más fuerza, de la maquinaria represiva del chavismo luego de las elecciones.
La tensión está a máximo nivel esta semana en Venezuela. El opositor Edmundo González ha empezado una gira por América Latina, y este mismo martes continúa en Washington donde ha estado con el presidente Joe Biden. La intención del dirigente es regresar al país para hacer valer el escrutinio que recogen 80% de las copias de las actas oficiales que sus testigos recogieron el día de la elección y en las que se da ganador. También ha dicho que planea reencontrarse con los venezolanos que votaron por él, luego de haberse ido al exilio en España en septiembre por las amenazas de cárcel que siguen vigentes.
La líder María Corina Machado, desde mensajes grabados en la clandestinidad, ha llamado a una manifestación en las calles para el jueves 9 de enero, un día antes de la fecha de la toma de posesión. A la par, el chavismo se ha blindado con su pie de fuerza militar y policial. Ha incrementado la presencia de funcionarios armados en el país y, con ello, la sensación de miedo entre la ciudadanía, y desafía a la oposición llamando a sus militantes a las calles para el mismo día.
Los niveles de represión denunciados han aumentado el expediente de violaciones de derechos humanos de Maduro y lo han llevado a otorgar durante las últimas semanas medidas de excarcelación a centenares de los más de 2000 presos que acumularon luego del 28 de julio, incluidos decenas de menores de edad. Pese a las medidas de libertad condicionada, las detenciones y la persecución no han cesado. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha dicho que hay más de 125 ciudadanos extranjeros presos por estar supuestamente involucrados en “planes de desestabilización” contra el Gobierno de Maduro.
La CIDH resalta que “la crisis política y derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”. Añaden que, en el caso venezolano, esto ha facilitado “el establecimiento de un régimen de facto” y que las circunstancias que rodearon la elección del pasado 28 de julio implican una alteración grave del orden constitucional. En el informe piden a la comunidad internacional a “mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia” en Venezuela.
