El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, se apresta esta semana a aprobar, con el apoyo de algunos demócratas, el que sería el primer proyecto de ley de inmigración de Donald Trump en su segundo mandato, y que, según sus críticos, abre el camino para las detenciones indiscriminadas de migrantes indocumentados.
La ley bautizada con el nombre Laken Riley, una universitaria asesinada en un campus de Georgia en febrero 2024 por el venezolano José Ibarra, condenado a cadena perpetua, requeriría que las autoridades de inmigración detengan a los indocumentados acusados, sospechosos o detenidos en casos de robo y delitos relacionados, sin que se les haya comprobado su culpabilidad.
Además, el proyecto garantiza a los estados la posibilidad de demandar al gobierno federal por una “amplísima gama” de medidas relacionadas con la inmigración, lo que obstaculizaría la capacidad del Ejecutivo de definir las políticas sobre este tema, sin importar qué partido está en el poder, según el National Immigration Law Center (NILC).
Se prevé que el pleno del Senado comience a debatir esta tarde el proyecto, que la semana pasada fue aprobado por la Cámara de Representantes, con el apoyo de todos los republicanos y 48 demócratas.
Artículos Relacionados
La iniciativa tiene un promisorio futuro en la Cámara Alta con 84 senadores, entre ellos 31 demócratas, que votaron la semana pasada por avanzar el plan a debate.
El recién elegido senador por Arizona Rubén Gallego, quien es de origen mexicano y colombiano, es uno de los demócratas que ha mostrado un férreo apoyo a la legislación.
“Debemos darle a las fuerzas del orden los medios para tomar medidas cuando los inmigrantes ilegales violan la ley, para prevenir situaciones como la que le ocurrió a Laken Riley”, dijo en un comunicado.
Gallego se unió a la indignación que causó la muerte de la joven, que sirvió de combustible para que Trump, que toma posesión el próximo lunes, hiciera del combate a la inmigración indocumentada su mayor arma política para ganar las elecciones y obtener la mayoría en el Congreso.
El senador John Fetterman (demócrata por Pensilvania) respalda el proyecto al que calificó como “necesario”.
Para Miguel Tinker Salas, analista político y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Pomona, no es extraño que los demócratas hayan endurecido sus políticas de inmigración.
“Esta es una victoria de los republicanos que lograron arrastrar a los demócratas con su retórica de criminalizar a los inmigrantes y fortalecer sus ideas del privilegio blanco, y la pérdida de la cultura americana, la seguridad y el empleo”, dijo a EFE el catedrático.
Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), coincide con Salas en que los demócratas “se están rindiendo a diestra y siniestra” antes de la posesión de Trump.
El activista espera que el Senado apruebe el proyecto de ley en estos días para que el presidente Joe Biden pueda vetarlo antes de dejar la Casa Blanca. Sin embargo, es consciente que seguramente los republicanos demorarán su aprobación para entregar como victoria la primera ley que Trump firmaría tras asumir el poder.
Los defensores de los inmigrantes han unido sus voces contra el proyecto advirtiendo el poder que dará a funcionarios como el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, para perseguir a los indocumentados, sin importar que realmente sean criminales.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) asegura que la ley permitirá la discriminación racial a la hora de castigar delitos no violentos, y creará un caos jurídico.
La Coalición de Inmigración de Nueva York subrayó que la ley elimina el debido proceso para estas personas y permitiría la deportación de inmigrantes indocumentados “acusados de delitos no violentos” que no han sido declarados culpables, incluido por el hurto en tiendas.
Las organizaciones han depositado la confianza en demócratas como el senador Alex Padilla, de California, para detener la ley que necesita 60 votos para ser aprobada.
Padilla dijo en una entrevista con el canal NBC que se opone a la medida tal como está escrita al considerar que no hace nada para mejorar la política de inmigración y que las leyes existentes ya permiten la detención y deportación de inmigrantes que cometen delitos violentos.
