La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más señaló este miércoles al Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de implementar una política de «desaparición forzada» contra críticos y disidentes, un acto que, advirtió, «constituye un delito de lesa humanidad».
«El régimen Ortega Murillo ha establecido una política de desaparición forzada en el país sometiéndolo a una vulnerabilidad extrema y estado de indefensión total, eliminando de facto el derecho a la defensa y volviendo ineficaz cualquier acción legal», señaló en una declaración ese Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica.
«La desaparición forzada, al igual que las detenciones arbitrarias y torturas, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y deben ser investigados, juzgados y sancionados», anotó esa ONG.
Ese Colectivo se refirió en concreto al caso de la nicaragüense Angélica Patricia Chavarría Altamirano, pareja sentimental del fallecido exjefe del Ejército de Nicaragua Humberto Ortega, hermano menor del presidente Ortega, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares.
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«El 19 de mayo de 2024, Angélica Chavarría fue detenida junto con Humberto Ortega y desde ese entonces se encuentra en una situación de desaparición forzada», indicó.
Tras el fallecimiento de su pareja, el 30 de septiembre de 2024, «la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue sin proporcionar información sobre su paradero», añadió esa ONG.
El Estado de Nicaragua no ha brindado información sobre el estado actual de Chavarría, ni ha proporcionado información a la CIDH, ni a organismos humanitarios, ni a la opinión púbica.
El Colectivo explicó que ellos solicitaron las medidas cautelares ante la CIDH «debido a los infructuosos esfuerzos para saber el paradero de Chavarría».
«Además, el año pasado se tramitó una acción urgente ante el Grupo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (ONU) sobre este caso, pero este organismo no obtuvo ninguna respuesta de parte del Estado de Nicaragua», apuntó.
Esa ONG recordó que, en 2024 la CIDH también otorgó medidas cautelares a favor de los nicaragüenses Douglas Acevedo, Geovanny Guido, y los militares retirados Eddie González Valdivia y Víctor Boitano Coleman, «últimos dos que también han atravesado una situación de desaparición forzada».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria». EFE
