El régimen cubano ha anunciado la liberación de 553 presos políticos como parte de un supuesto acuerdo en el marco del Jubileo Ordinario de 2025 y la relajación de sanciones estadounidenses. Hasta las 4:00 p.m. de este domingo, al menos 114 personas encarceladas por razones políticas salieron de prisión según un monitoreo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
De acuerdo con la ONG Prisoners Defenders, al cierre de noviembre de 2024, Cuba mantenía 1,148 presos políticos en sus cárceles. Las excarcelaciones hasta ahora representan poco más del 5% de este total, dejando a la mayoría aún tras las rejas.
Según el OCDH, el 64% de los liberados tenían menos de tres años pendientes para cumplir su sentencia, lo que sugiere que las autoridades podrían estar priorizando casos con penas más cortas para minimizar el impacto de estas liberaciones en el sistema represivo.
Entre los liberados se encuentra Félix Navarro Rodríguez, un destacado opositor que ya había sufrido prisión política durante la Primavera Negra de 2003. Navarro, promotor de la plataforma Cuba Decide, fue arrestado nuevamente junto a su hija, Saily Navarro Álvarez, tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J). Ambos fueron condenados a nueve y ocho años de cárcel, respectivamente.
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Mientras Navarro celebra su libertad, persiste la preocupación por la situación de su hija, quien permanece en prisión. El OCDH subrayó la injusticia de su detención y llamó la atención sobre la necesidad de continuar luchando por su liberación y la de otros presos políticos.
Este sábado también se conoció la excarcelación de Brenda Díaz, joven transgénero cuya detención tras las protestas del 11J generó indignación internacional por los abusos y discriminación que enfrentó en prisión. Díaz, condenada a 14 años, fue sometida a tratos degradantes que incluyeron el uso forzoso de ropa masculina y la negación de su identidad de género.
Otro caso relevante es el del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, encarcelado también tras las manifestaciones del 11J. Su liberación ha sido recibida como un gesto positivo, aunque organizaciones de derechos humanos insisten en que no debe opacar la continua persecución contra líderes religiosos en la isla.
El anuncio de estas liberaciones coincide con movimientos diplomáticos que buscan una mejora en las relaciones entre Cuba, Estados Unidos y El Vaticano. Sin embargo, activistas y analistas cuestionan si este gesto representa un verdadero compromiso con los derechos humanos o si se trata de una estrategia para aliviar la presión internacional y ganar concesiones económicas.
El limitado alcance de las excarcelaciones, sumado a la retención de presos políticos emblemáticos y la persistencia de denuncias de abusos, refuerza la percepción de que el régimen continúa utilizando a los detenidos como moneda de cambio en el escenario internacional.
