Autoridades estadounidenses arrestaron a 538 migrantes y deportaron a cientos en una operación masiva llevada a cabo en los primeros días del segundo mandato del presidente Donald Trump, según informó su secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
En un mensaje publicado en la plataforma X, Leavitt citó un mensaje del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), aseguró que “la Administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales” y señaló que “cientos” fueron deportados en aviones militares. “La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, afirmó.
Además aseguró que entre los arrestados hubo a un sospechoso de terrorismo, cuatro miembros del grupo criminal de origen venezolano Tren de Aragua, y varios ilegales acusados de crímenes sexuales contra menores de edad.
La operación a la que se refiere generó controversia después de que el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, denunciara que agentes del ICE llevaron a cabo redadas en un establecimiento local, deteniendo no solo a residentes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses, sin presentar una orden judicial.
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“Uno de los detenidos durante la redada fue un veterano militar estadounidense. Este acto flagrante es una clara violación de la Constitución de los Estados Unidos”, señaló Baraka en un comunicado.
Según una publicación de ICE en la plataforma X, las acciones de la operación resultaron en 538 arrestos y 373 órdenes de detención emitidas. La redada fue criticada por los senadores demócratas de Nueva Jersey, Cory Booker y Andy Kim, quienes en un comunicado conjunto expresaron su “profunda preocupación” por la actuación de los agentes migratorios.
“Acciones como esta siembran miedo en todas nuestras comunidades. Nuestro sistema de inmigración roto necesita soluciones, no tácticas de miedo”, indicaron los legisladores.
Trump, quien prometió durante su campaña electoral una política de mano dura contra la inmigración irregular, ha descrito esta operación como parte de su esfuerzo por llevar a cabo “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Según sus estimaciones, estas medidas podrían impactar a los 11 millones de migrantes indocumentados que viven actualmente en el país.
El mismo día de su investidura, Trump firmó órdenes ejecutivas declarando una “emergencia nacional” en la frontera sur y desplegó más tropas en la región, prometiendo la deportación de “extranjeros criminales”.
Además, su administración anunció la reinstauración de la política “Remain in Mexico” (Permanecer en México), vigente durante su primer mandato, que obliga a las personas que solicitan asilo en Estados Unidos desde México a permanecer en ese país mientras se resuelve su solicitud. También suspendió un programa de asilo dirigido a personas que huyen de regímenes autoritarios en Centro y Sudamérica, dejando a miles de migrantes varados en el lado mexicano de la frontera.
Esta semana, el Congreso estadounidense, controlado por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que amplía las medidas de detención preventiva para sospechosos extranjeros vinculados a delitos.
La operación masiva de deportación, junto con estas medidas y el endurecimiento de políticas migratorias, ha reavivado el debate sobre los derechos de los migrantes y el impacto de las acciones de la administración Trump en las comunidades más vulnerables del país.
