La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. El documento analiza, en tres etapas, la estrategia represiva del régimen para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía. Todo ello, con el propósito de perpetuarse en el poder.
En la primera etapa, durante el período preelectoral, el Estado obstaculizó la participación política de la oposición, utilizando el control de diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El régimen detuvo arbitrariamente a personas opositoras, defensoras de derechos humanos y líderes sociales, y amedrentó e inhabilitó a dirigentes de la oposición.
La segunda fase tuvo lugar durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ese día el Consejo Nacional Electoral CNE suspendió la transmisión de los resultados y se rehusó a publicar las actas de votación que respaldaban el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Esto dio lugar a graves denuncias de fraude electoral y a un inconformismo generalizado en la población. Anticipando un fraude electoral, la oposición recolectó el 83,5% de las actas a nivel nacional, sosteniendo su autenticidad por contar con los correspondientes sellos, firmas y códigos de seguridad. La totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección.
Tras la jornada electoral, en lo que constituiría la tercera fase de la represión, la violencia aumentó en respuesta a las protestas de rechazo al fraude electoral. Alrededor de 300 manifestaciones espontáneas fueron reprimidas por las fuerzas del régimen y grupos civiles de choque. La «Operación Tun Tun» resultó en al menos 25 muertes, más de 2 mil detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial y detenciones masivas, además de recurrir a actos de violencia sistemática contra personas manifestantes.
Artículos Relacionados
El informe destaca que estas violaciones a los derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado son consecuencia de la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo; de la corrupción y el control de los poderes públicos que han permitido que el régimen actúe con total impunidad. Asimismo, concluye que las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional. La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática.
