El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, llamó este martes 28 de enero al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como «enemigo» de Venezuela por la conversación que sostuvo con las autoridades de Guyana para expresar el apoyo de Estados Unidos.
A través de Telegram, Gil dijo que Rubio «continúa demostrando su obsesión enfermiza» por perjudicar al país al acercarse a Georgetown en torno al tema del Esequibo; por lo que apuntó hacia Guyana al decir que busca despojar a Venezuela del territorio en disputa.
Recordó que la única forma posible de solucionar el diferendo es por medio del Acuerdo de Ginebra de 1966 y subrayó que acciones «injerecistas» que estaría cometiendo EEUU ni la «política artrera» que puedan cambiar la realidad de la soberanía venezolana en el Esequibo.
«El Gobierno de Guyana debe entender que su obligación no es con terceros, sino con la historia, el derecho internacional y la paz de la región, por lo cual debe sentarse en la mesa y negociar con las bases fijadas por el Acuerdo de Ginebra», escribió Gil.
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En su mensaje, el canciller venezolano hizo mención a la nota del Departamento de Estado donde se informa que Marco Rubio conversó con el presidente de Guyana, Irfaan Alí, para abordar temas sobre la migración ilegal a fin de tener una agenda conjunta que permita el combate de este flagelo, así como le dio el apoyo de EEUU «a la integridad territorial de Guyana frente a las acciones belicosas de Nicolás Maduro».
El Ministerio de Relaciones de Guyana presentó el lunes 9 de diciembre de 2024 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su informe «final» sobre su defensa por el territorio Esequibo, en disputa con Venezuela desde hace más de 100 años.
De acuerdo con Demerara Waves, el escrito presentado por la Cancillería guyanesa es una respuesta a la Contramemoria presentada por Venezuela en esa instancia, manifestando su confianza en que la CIJ -brazo judicial de la Organización de Naciones Unidas- confirmará la validez del Laudo Arbitral de París de 1899.
Además, afirmó que los argumentos de Venezuela no tienen fundamento, por lo que creen que la CIJ «confirmará en última instancia la validez, la firmeza y la naturaleza jurídicamente vinculante tanto del laudo como de la frontera».
