La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución, este jueves, en al que otorga medidas cautelares a los tres miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el estado Guárico, Andreina Zerpa Vivas, Yolivares Infante Camacho y Eichler Hernández Ortuño.
La CIDH, señaló que la medida fue adoptada tras considerar que estas personas «enfrentan un riesgo grave e inminente a su vida e integridad personal debido a amenazas y hostigamientos relacionados con su participación en la campaña presidencial de Edmundo González y María Corina Machado en julio de 2024».
Por su parte, la ONG Defiende Venezuela indicó que los beneficiarios han sido objetos de «seguimientos, allanamientos ilegales y amenazas por parte de personas armadas y presuntos agentes estatales».
«Estos actos de persecución buscan obligarlos a reconocer públicamente la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones, cuyo resultado ha sido ampliamente cuestionado», manifestó la organización no gubernamental.
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Ezequiel Monsalve, coordinador jurídico de Defiende Venezuela,manifestó aqud la decisión de la CIDH «es clave», puesto que en «los pueblos pequeños, el riesgo es aún mayor mayor porque la visibilización es menor y no hay instituciones especializadas que reciban estas quejas».
«Es un caldo de cultivo para el abuso del Estado. A pesar del récord de incumplimiento que tiene Venezuela en las medidas cautelares, estas siguen siendo una forma de contención para que no se perpetúen las agresiones», añadió.
Mientras que Génesis Dávila, presidenta de la ONG, destacó que la comunidad internacional «no puede ignorar la grave situación de derechos humanos en nuestro país». A su juicio, esta acción de la Comisión «demuestra que los abusos del régimen no pasan desapercibidos y que la protección de quienes luchan por una Venezuela libre y democrática sigue siendo una prioridad».
La CIDH insta al Estado venezolano a adoptar medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Andreina Zerpa, Yolivares Infante y Eichler Hernández.
Además, hizo un llamado a asegurar que los agentes del Estado «respeten plenamente los derechos de los beneficiarios, tomando medidas para protegerlos frente a riesgos de terceros» e investigar «los actos de hostigamiento denunciados».
Con información de VPI Y ONG Defiende Venezuela
