Migrantes venezolanos en EE.UU. se sienten «traicionados» por el Gobierno de Donald Trump y al borde de las deportaciones tras la eliminación en su primera semana de gobierno de un auxilio migratorio humanitario, y ahora con la derogación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2023.
«Se suponía que Trump nos ayudaría a salir del chavismo, no a negociar con ellos y deportarnos. Nos están abandonando a nuestra suerte. No solo es empezar otra vida, es ver cómo sobrevivimos, qué va a pasar con nosotros», expresó a EFE una inmigrante venezolana en Miami que prefirió no ser identificada.
«Esto es una traición», agregó entre lágrimas la venezolana, que ahora deberá salir del país antes del 2 de abril.
Ante el nuevo riesgo de deportación que enfrentan unos 350.000 de estos migrantes, organizaciones de venezolanos en Miami convocaron este lunes una reunión para pronunciarse contra la eliminación del Permiso Humanitario, ocurrido en los primeros días del Gobierno Trump, y la nueva revocación del TPS publicada este lunes.
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«No todos los venezolanos somos del Tren de Aragua», expresó José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
Los exiliados venezolanos apoyaron abrumadoramente a Trump en las elecciones presidenciales de 2024, inspirados en su retórica de línea dura contra la dictadura de Venezuela y el respaldo que le dio el entonces senador de Florida Marco Rubio, que ha impulsado la causa venezolana y es ahora el secretario de Estado.
Sin embargo, se quejan que ahora son considerados «un peligro para la seguridad nacional».
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó el domingo que «los venezolanos que han venido a este país son miembros del TdA», en referencia al Tren de Aragua, una red criminal internacional que nació en las cárceles de Venezuela.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de diciembre pasado, el Tren de Aragua tenía 600 miembros activos en el país, apenas el 0,09% de los aproximadamente 700.000 venezolanos en territorio estadounidense.
El sábado Trump anunció que Caracas aceptó recibir a sus ciudadanos deportados de Estados Unidos después de la visita del enviado especial Richard Grenell a Venezuela.
Grenell se reunió el viernes con Nicolás Maduro, a quien EE.UU. no reconoce como presidente, en una misión que logró la liberación de seis estadounidenses y el compromiso del líder chavista de financiar los vuelos de deportación.
Vida en el limbo
«¿Quién desarma una vida en dos meses? Es una crueldad», expresó una manicurista venezolana residente en Doral, la zona de Miami con mayor concentración de estos nacionales en el país, quien prefirió ser solo identificada por su apellido, González.
Con lágrimas en los ojos relató que gracias al TPS creó un negocio de servicios a domicilio de manicurista, y su esposo trabaja en una fábrica de jugos, con lo que sostienen a sus dos hijos de 10 y 15 años.
Los González lograron regularizar temporalmente su situación migratoria con el TPS en 2023. Sin embargo, su protección finalizará el próximo 2 de abril. Otros 270.000 venezolanos, que obtuvieron el beneficio en 2021, verán expirar su protección el 10 de septiembre de 2025.
El pasado jueves, el Gobierno de Trump revocó una extensión del TPS hasta octubre de 2026 que fue aprobada al final del mandato del expresidente demócrata Joe Biden.
«El TPS beneficiaba a dos grupos de venezolanos. El primero vence en abril, pero pensamos que lo extenderían seis meses más para evaluar la situación. El otro se vence en septiembre», explicó a EFE el abogado Ángel Leal.
María Villarroel, una universitaria de 22 años, teme por la suerte de dos de sus primos que podrían ser deportados a partir de abril y sabe que ellos vivirían aterrorizados en Venezuela.
Confiesa a EFE que se siente «desmoralizada por la dirección que ha tomado el país».
«Mi familia y yo tenemos varios caminos para lograr una legalización permanente y quedarnos, pero ese no es el caso de todo el mundo y me parte el corazón», señaló.
El grupo Caucus Venezolano-Americano anunció que emprenderán acciones legales para intentar extender el TPS, el cual es otorgado a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles vivir y trabajar en el país hasta que se considere seguro su regreso.
«No están solos. Vienen días oscuros, pero nosotros y muchas otras organizaciones que ayudan a migrantes llevaremos esto a los tribunales para que sea la ley, y no un presidente, quien decida», declaró Adelys Ferro, presidenta del Caucus.
Ferro subrayó que las condiciones que motivaron la concesión del TPS a los venezolanos no han cambiado, por el contrario, «el aumento de presos políticos tras las elecciones de julio pasado demuestra que la situación ha empeorado».
