La Justicia chilena cursó este jueves la extradición desde Colombia de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias ‘El Gocho’, imputado en ausencia por su presunta vinculación a Los Piratas, una facción de la banda trasnacional Tren de Aragua, implicada en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
«Tribunal de Garantía dio curso a extradición desde Colombia de imputado en causa contra ‘Piratas de Aragua’ por asociación criminal y secuestro con homicidio de exteniente Ronald Ojeda. Proceso continúa mañana en Corte de San Miguel«, comunicó el Ministerio Público tras la solicitud del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía.
Carrillo Ortiz fue detenido este jueves por la Policía colombiana en la localidad de Chiscas, en el departamento de Boyacá, en el centro del país, en «atención a una notificación roja de Interpol».
Según autorizó el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, el imputado deberá ser puesto bajo la medida cautelar de prisión preventiva una vez arribe a Chile.
Artículos Relacionados
‘El Gocho’ es uno de tres imputados formalmente por tribunales chilenos que están en proceso de extradición; junto a otro individuo detenido en Estados Unidos, jugaba un presunto papel de liderazgo dentro de la organización criminal, en tanto otro está sindicado con condición de partícipe.
El capturado quedó a disposición de la Fiscalía colombiana mientras que se cumplen los requisitos para extraditarlo a Chile
Disidente del régimen de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.
La Fiscalía confirmó a fines de enero que tres de los testigos de la investigación por el crimen de Ojeda apuntan a autoridades del régimen venezolano y que, al menos uno de ellos, señala que el encargo y el pago «habría venido del señor Diosdado Cabello», actual ministro de Interior venezolano.
La tesis de la Fiscalía chilena, que desde el inicio de las investigaciones se basó en un «móvil político», es avalada también por el Gobierno de Gabriel Boric.
Con información de EFE
