La recién confirmada fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió este miércoles un memorando que pretende revivir la pena de muerte federal y levantar la moratoria sobre las ejecuciones federales, particularmente contra inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves.
El documento busca que se implemente una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que revierte una moratoria sobre las ejecuciones federales instituida durante el mandato del expresidente Joe Biden. En julio de 2021, el entonces fiscal general, Merrick Garland, pausó las ejecuciones —reanudadas durante el primer mandato de Trump tras 17 años— debido a su significativo aumento (13 en seis meses).
En este contexto, el memorando de Bondi anula la orden de Garland y exige al Departamento de Justicia de EE.UU. ejecutar las sentencias de muerte impuestas por los tribunales federales del país. Asimismo, ordena a los fiscales solicitar dicha pena para los «delitos más graves y fácilmente demostrables», en casos que sean legalmente elegibles para ella.
«El asesinato de un agente de la ley o un delito capital cometido por un extranjero que se encuentre ilegalmente en EE.UU. son los tipos de circunstancias agravantes que, en ausencia de circunstancias atenuantes significativas, justificarán que el Departamento [de Justicia] solicite la pena de muerte», precisa el documento.
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Por otro lado, también restablece un memorando de 2018 del ex fiscal general Jeff Sessions que instaba a los fiscales a solicitar la pena de muerte para casos relacionados con drogas si las circunstancias del delito lo permitían. «La política también se aplicará a los casos de delitos capitales no relacionados con drogas cometidos por cárteles, organizaciones criminales transnacionales y extranjeros que cruzan nuestras fronteras y permanecen en EE.UU. sin estatus legal», indica la nueva directriz de Bondi.
Vale recalcar que la política se aplicaría solo a inmigrantes indocumentados acusados de delitos capitales, que el Departamento de Justicia define como «asesinato, traición, genocidio o el asesinato o secuestro de un congresista, el presidente o un juez de la Corte Suprema». El simple hecho de ser un migrante indocumentado en territorio estadounidense no amerita una sentencia de pena de muerte.
