Las elecciones generales en Ecuador dejaron un resultado abierto y sin un ganador definitivo, lo que obliga a una segunda vuelta entre el actual mandatario Daniel Noboa y Luisa González, del correísmo, el próximo 13 de abril de 2025. Ninguno de los dos principales contendientes logró alcanzar el umbral de la mitad más uno de los votos válidos ni el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, por lo que el país se encamina a un balotaje que definirá a su próximo presidente.
Según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), y con más del 90% de actas escrutadas, Noboa obtuvo algo más del 44% de los votos válidos, mientras que González superó el 43%.
A pesar de las estrictas medidas de seguridad, el proceso se llevó a cabo con normalidad y sin mayores incidentes. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destacó que la jornada electoral se llevó en tranquilidad y espera entregar sus informes en los próximos días.
Con este resultado, la carrera presidencial entra en una nueva fase donde ambos candidatos deberán redefinir sus estrategias para captar el voto de los ecuatorianos que en primera vuelta optaron por otras opciones. Candidatos como Andrea González Náder (Sociedad Patriótica) y Leonidas Iza (Pachakutik) sumaron en conjunto más del 7% de los votos, y sus electores podrían inclinar la balanza en la segunda vuelta.
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Noboa, quien busca la reelección, ha basado su campaña en la seguridad y la atracción de inversiones. Su gobierno ha implementado medidas como el despliegue militar en las calles y reformas para mejorar la competitividad económica del país. Sin embargo, su principal desafío será convencer a los votantes que aún dudan sobre su capacidad para gestionar un mandato completo.
Por su parte, Luisa González representa la opción del correísmo, con una agenda enfocada en la recuperación del gasto social y el fortalecimiento de la intervención estatal en la economía.
Las próximas semanas serán clave para definir alianzas y fortalecer las campañas de cara a la segunda vuelta. Noboa deberá consolidar su imagen de líder fuerte y administrador eficiente, mientras que González intentará ampliar su base de apoyo más allá de los seguidores tradicionales del correísmo.
La segunda vuelta también pondrá a prueba la capacidad del sistema electoral para mantener la estabilidad en un país altamente polarizado.
Ecuador enfrentará un mes decisivo en su historia política. La elección de abril definirá no solo al próximo presidente, sino también el modelo de país que prevalecerá en los próximos años.
Apagones, inestabilidad económica y la inseguridad
Los apagones provocados por el estiaje fue uno de los puntos neurálgicos de la administración de Noboa. La poca capacidad termoeléctrica del país y la dependencia a los recursos hídricos provocaron que existieran apagones de hasta 14 horas no consecutivas diariamente. Los expertos energéticos aseguraron que desde el gobierno no se tomaban decisiones técnicas.
Además, su política económica ha generado debates. Aunque ha impulsado incentivos para atraer inversión extranjera y fomentar el emprendimiento juvenil, sus detractores argumentan que no ha logrado resultados concretos en la generación de empleo. A esto se suman cuestionamientos porque empresas de sus familiares han ganado contratos públicos y por el intento fallido de su esposa de desarrollar un proyecto turístico en una zona protegida. No obstante, las políticas adoptadas por Noboa han permitido que Ecuador reciba nuevos desembolsos del FMI y que el riesgo país tienda a disminuir, alcanzando el punto más bajo desde junio 2022.
Uno de los casos que también puso a prueba al gobierno de Noboa fue la desaparición y asesinato de los cuatro niños de Guayaquil que fueron detenidos ilegalmente por una patrulla militar. Si bien el presidente aseguró que no habría impunidad, cuando se conoció de los asesinatos desde el gobierno no se emitió ninguna nota de pesar. El asunto fue incluso puesto en la mesa de la discusión durante el debate presidencial del 19 de enero, cuando un candidato le pidió a Noboa que mencionara los nombres de los niños y el presidente optó por no responder. Esto se suma a las alertas sobre posibles abusos de la fuerza, secuestros y ejecuciones extrajudiciales por parte de los uniformados.
Sus principales propuestas para esta elección se centran en fortalecer la seguridad ciudadana mediante la modernización de las fuerzas del orden, estrategias de prevención del delito y cooperación internacional contra el narcotráfico. En energía, prioriza proyectos de energías renovables y políticas de sostenibilidad ambiental para mitigar el cambio climático. En economía, se enfoca en la diversificación productiva, apoyo a pequeñas y medianas empresas, creación de empleo digno y fomento de alianzas público-privadas. En educación, promueve la digitalización, infraestructura en zonas rurales, formación técnica y el bilingüismo. En género y derechos humanos, se compromete a erradicar la violencia de género, fomentar la inclusión económica y política de grupos vulnerables y fortalecer la educación en igualdad de género.
González y la sombra de la corrupción correísta
Aunque se considera manabita, González nació en Quito el 22 de noviembre de 1977. La candidata es la aspirante que más cargos públicos ha ocupado, incluyendo el de secretaria de la Administración Pública y cónsul en España. Su cercanía con el ex presidente Correa, quien sigue influyendo en la política ecuatoriana desde Bélgica donde está asilado, ha sido una de sus principales fortalezas y, al mismo tiempo, una de sus mayores debilidades. Mientras sus seguidores la ven como la heredera del correísmo, sus detractores la asocian con un periodo marcado por casos de corrupción y abusos de poder.
Uno de los aspectos más polémicos de su candidatura es su respaldo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. González ha tratado de ser prudente y no expresar su posición, sin embargo, Correa ha sido claro en que, de conseguir el poder, el gobierno encabezado por González reconocerá a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
La candidata del correísmo también enfrenta el desafío de los múltiples casos de corrupción vinculados a ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Aunque ella no ha sido procesada por actos ilícitos, su cercanía con figuras clave involucradas en escándalos de corrupción genera desconfianza en una parte del electorado.
Entre los casos más relevantes de corrupción durante el correísmo se encuentran el Caso Sobornos 2012-2016, en el que altos funcionarios del gobierno de Correa fueron condenados por recibir aportes indebidos de empresas privadas a cambio de contratos estatales. Rafael Correa fue sentenciado, como autor mediato de cohecho, a ocho años de prisión por su implicación en esta trama.
También está el Caso Odebrecht, donde la constructora brasileña pagó millonarios sobornos a funcionarios ecuatorianos para asegurarse contratos de infraestructura durante el correísmo, lo que llevó a la condena del ex vicepresidente Jorge Glas, una de las figuras más influyentes dentro del gobierno y aliado cercano de González.
A eso se suman las múltiples denuncias por sobreprecios en obras construidas durante el correísmo, las irregularidades en los contratos, etc.
