Un tribunal federal impidió este domingo que la administración de Trump enviara a tres inmigrantes venezolanos detenidos en Nuevo México a la Base Naval de la bahía de Guantánamo en Cuba, como parte de la ofensiva migratoria del presidente.
En una presentación legal realizada más temprano ese mismo día, los abogados de los hombres dijeron que los detenidos “encajan en el perfil de aquellos que la administración ha priorizado para su detención en Guantánamo, es decir, hombres venezolanos detenidos en el área de El Paso con cargos (falsos) de conexiones con la pandilla Tren de Aragua”.
Solicitó a un tribunal de distrito de Estados Unidos en Nuevo México una orden de restricción temporal que bloquee su traslado, añadiendo que “la mera incertidumbre que el gobierno ha creado en torno a la disponibilidad del proceso legal y el acceso a un abogado es suficiente para autorizar la modesta orden judicial”.
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Durante una breve audiencia, el juez Kenneth J. Gonzales concedió la orden temporal, a la que se opuso el Gobierno, dijo Jessica Vosburgh, abogada de los tres hombres.
“Es algo a corto plazo. Lo revisaremos y lo desarrollaremos más en las próximas semanas”, dijo Vosburgh a The Associated Press.
Se dejó un mensaje solicitando comentarios al Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos.
La presentación se produjo como parte de una demanda en nombre de los tres hombres presentada por el Centro de Derechos Constitucionales, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nuevo México y el Centro de Asesoramiento para Inmigrantes de Las Américas.
La pandilla Tren de Aragua se originó en una prisión sin ley en el estado venezolano de Aragua hace más de una década y se ha expandido en los últimos años a medida que millones de venezolanos desesperados huyeron del régimen del presidente Nicolás Maduro y migraron a otras partes de América Latina o Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo la semana pasada que vuelos con detenidos habían aterrizado en Guantánamo. Grupos de derechos de los inmigrantes enviaron una carta el viernes exigiendo acceso a las personas que han sido enviadas allí, diciendo que la base no debería ser utilizada como un “agujero negro legal”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó el miércoles que más de 8.000 personas han sido arrestadas en acciones de control de inmigración desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero.
