Poco después de las 3 a. m., un ariete abrió de golpe la puerta de un apartamento en el piso 14 y tres hombres vestidos con el equipo táctico negro de la policía chilena entraron presipitadamente. Blandiendo pistolas, agarraron a Roland Ojeda delante de su esposa y su hijo de 6 años y se lo llevaron a rastras en ropa interior.
Ojeda, exoficial del ejército venezolano de 32 años, era un disidente político asilado en un barrio de clase media de la capital de Chile, Santiago. Había intentado organizar complots para derrocar a Nicolás Maduro, el líder autocrático de Venezuela, y semanas antes el gobierno de Maduro lo había tachado públicamente de traidor.
Cuando su esposa llamó a las autoridades chilenas, les dijo que al menos uno de los captores de su marido tenía acento venezolano.
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Nueve días después, al otro lado de la ciudad, las autoridades, siguiendo una pista, descubrieron una maleta de mano enterrada debajo de casi metro y medio de hormigón. Dentro, metido entre cal viva para acelerar la descomposición, estaba el cuerpo doblado de Ojeda.
Ahora, tras un año de investigación, las autoridades chilenas confirman los temores de los disidentes venezolanos escondidos por todo el mundo: las pruebas, dijeron los chilenos, indican que el gobierno de Maduro ordenó el asesinato de Ojeda.
El gobierno de Maduro lo ha negado vehementemente.
De ser cierto, el caso representa una oscura escalada en los esfuerzos de Maduro por aplastar cualquier amenaza a su régimen autoritario, y las acusaciones llegan justo cuando el presidente Trump inicia un nuevo diálogo con el autócrata con la esperanza de deportar a los venezolanos indocumentados.
Durante años, Maduro ha mantenido su control sobre Venezuela encarcelando a opositores políticos en su país. Pero el asesinato en Chile sugiere que el líder venezolano también ha adoptado las tácticas de su estrecho aliado, el presidente Vladimir Putin de Rusia, de llegar a naciones extranjeras para asesinar a rivales políticos.
“Ahorita todo el mundo tiene miedo. Nadie dice dónde están, cómo se refugiaron, a qué país llegaron, dónde fueron”, dijo Zair Mundaray, ex fiscal del ministerio público de Venezuela que recientemente huyó exiliado a Colombia a un país que no quiso identificar tras enfrentarse a amenazas de personas que cree que son agentes venezolanos. “A partir de lo de Ojeda, yo creo que fue un punto de inflexión de todo el mundo”.
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