Representantes de organizaciones que velan por los derechos humanos de los presos políticos denuncian que los ciudadanos extranjeros detenidos en el país son víctimas de los mismos patrones de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso que los detenidos venezolanos.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, y Kelvi Zambrano, abogado de la Coalición Venezolana por los Derechos Humanos y la Democracia, coinciden en que la detención arbitraria, denegación de justicia, aislamiento prolongado y, en algunos casos, desaparición forzada forman parte de un patrón de violaciones que comete el Estado venezolano al apresar a ciudadanos tanto nacionales como extranjeros en el país.
De acuerdo con el registro más reciente del Foro Penal, en Venezuela hay al menos 54 extranjeros que se encuentran privados de libertad por razones políticas: 35 de ellos poseen doble nacionalidad.
Entre estos presos hay ciudadanos de Colombia (11), España (11), Italia (9), Estados Unidos (7), Portugal (3), Ecuador (2), Argentina (2), Alemania (1), República Checa (1), Chile (1), Guyana (1), Países Bajos (1), Hungría (1), Perú (1), Ucrania (1) y Uruguay (1). Durante el fin de semana, liberaron a dos colombianos que estaban detenidos en el país.
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Himiob denuncia que en las detenciones arbitrarias en Venezuela se viola el derecho a la libertad personal y derecho a la defensa, pues a ninguno se le permite designar a sus abogados de confianza y les imponen defensores públicos. Pero, particularmente en el caso de los extranjeros se irrespeta la Convención de Viena que garantiza el derecho de asistencia consular a ciudadanos de otros países.
«Los funcionarios consulares tienen derecho a visitar a cualquier ciudadano de su país que haya sido detenido y que se encuentre preso», señala Himiob.
Hermetismo y opacidad
Otro de los patrones que identifican los abogados sobre las detenciones de extranjeros en Venezuela es el hermetismo y la falta de acceso a la información sobre los casos, lo que, según dicen, dificulta su conocimiento y la posible asistencia jurídica. Prácticamente, los presos políticos extranjeros están desamparados, ya que no tienen asistencia de sus países ni de abogados en Venezuela.
Zambrano asegura que está táctica tiene como objetivo que la administración de Nicolás Maduro pueda negociar la libertad de estas personas directamente con su país natal, consiguiendo beneficios por ellos.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo el lunes 6 de enero que tenían detenidos a 125 «mercenarios» de 25 nacionalidades por «actos terroristas» que vinculó con la oposición liderada por María Corina Machado.
Por su parte, Marino Alvarado, representante de Provea, explica que la detención de extranjeros es un patrón represivo que ya existía pero que se afianzó desde 28 de julio. «Pasan a formar parte de la lista de presos políticos con el agregado que se convierten en rehenes usados por el gobierno para obtener beneficios», agrega.
Himiob coincide con Alvarado al describir que, por experiencia previa, una de las finalidades de la detención de ciudadanos extranjeros es ponerlos sobre una mesa de negociación donde se les utilice como «fichas de canje». «No puedo afirmar que ahora sea así, porque entiendo que no están en curso procesos de negociación pero quizá esa pueda ser la intención final de todo esto».
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