Evo Morales reiteró este miércoles que es víctima de una persecución por parte del Gobierno de Luis Arce, que busca dejarlo fuera de las elecciones presidenciales de este año.
En esta oportunidad, el cocalero aseguró que un ex funcionario de Arce le admitió que el Ejecutivo había ordenado este plan en su contra y que las recientes acciones se enmarcan en esta estrategia.
“El ex ministro de Justicia Iván Lima confirmó lo que tanto denunciamos. El Gobierno de Arce planificó una estrategia judicial (lawfare) para eliminarme política, jurídica y electoralmente”, escribió en su cuenta de X junto a declaraciones del ex funcionario, que describió como “pruebas para demostrar a la prensa del mundo y a organismos internacionales que todo el bombardeo de acusaciones, difamaciones y acciones que hizo en mi contra el gobierno de Arce” son parte de un “linchamiento mediático y judicial”.
El Ejecutivo “usó y manipuló a jueces y fiscales que, obedeciendo órdenes políticas, prevaricaron” y “dictaron sentencias ilegales para que el Gobierno robe la sigla del MAS” e inhabiliten “ilegalmente” su candidatura, insistió.
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El mensaje de Morales se basa en unas recientes declaraciones de Lima en Bolivisión en las que reconoció que “Evo Morales está 100 días con una especie de detención preventiva” en el Trópico de Cochabamba y recordó también que ya “no es jefe del Movimiento al Socialismo (MAS)”, “tampoco está habilitado” para competir en las elecciones del 17 de agosto y fue declarado en “rebeldía” por la Justicia.
“Los tres temas que tenían que darse en estos tres meses han tenido un desarrollo por demás relevante y avances significativos”, apuntó el ex funcionario a continuación, en referencia al presente del cocalero.
En octubre pasado se conoció una denuncia contra Morales por estupro y tráfico de personas, en la que se lo acusa de haber mantenido una relación con una menor -producto de la cual habrían tenido una hija- a cambio de beneficios para sus padres, mientras era presidente, en 2016. A esta le siguieron otras denuncias similares.
Con el avance de la investigación, el político fue citado a declarar pero, al negarse a dar su testimonio a la Justicia, fue declarado en rebeldía y se vio obligado a recluirse en el trópico, bajo el resguardo de sus seguidores, ante el temor de que se ejecute una orden de aprehensión en su contra.
Entonces, Morales denunció que se trataba de un caso impulsado por el Gobierno para evitar su candidatura a las elecciones y en señal de represalia por haber liderado en septiembre una marcha junto al pueblo que recorrió más de 190 kilómetros en señal de reclamo por soluciones a la crisis que atraviesa el país.
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Semanas más tarde, en noviembre, el cocalero sufrió su segundo revés al quedar legalmente inhabilitado para postularse a los comicios.
Una sala del Tribunal Constitucional ratificó una sentencia de diciembre de 2023, que sostenía que la reelección en Bolivia es “por una única vez”, y dejó así fuera de la competencia a Morales, quien ya estuvo al frente del país entre 2006 y 2019.
Asimismo, días después, la sala invalidó el congreso celebrado por sus seguidores dentro del MAS y reconoció a Grover García -del ala arcista- como presidente del partido, quedando fuera de su conducción después de casi tres décadas.
No obstante este “plan negro”, Morales insiste en su inocencia en la causa judicial y prometió que desafiará a la Justicia y se presentará como aspirante a la presidencia bajo un partido independiente al MAS, con “miles y miles de seguidores”.
“El día de la inscripción, faltando dos o tres días, vamos a ir miles y miles a La Paz (…) Vamos a ganar las elecciones”, dijo con confianza recientemente.
Con información de EFE
