La Fuerza Aérea Brasileña derribó una aeronave que entró al espacio aéreo de Brasil ilegalmente desde Venezuela y que transportaba un cargamento de drogas, el martes 11 de febrero como parte de la Operación Ostium.
La Operación Ostium es una iniciativa de vigilancia aérea para combatir el narcotráfico en la frontera, por lo que al detectar el vuelo irregular, la Fuerza Aérea Brasileña activó los protocolos de seguridad.
«Siguiendo la legislación vigente, se aplicaron las medidas de averiguación para determinar o confirmar la identidad de la aeronave. Se emitieron instrucciones claras para que la aeronave descendiera, pero estas fueron ignoradas por los tripulantes», detalló la FAB.
«La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija declara inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el abogado particular de Juan Evo Morales Ayma”, señala la resolución judicial que fue firmada y emitida el 27 de enero de este año.
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Luego del rechazo de la apelación, el juez a cargo del caso, Alberto Rocabado, ratificó la orden de aprehensión contra Morales con una resolución firmada en la víspera que la Policía tiene que cumplir.
La Fiscalía investiga al exmandatario por trata agravada de personas, en el que se lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad con quien habría tenido un hijo en 2016 en Tarija, cuando él ejercía la Presidencia.
La resolución judicial ratificó además la declaratoria de rebeldía contra Morales, emitida el 17 de enero, por no presentarse a dos audiencias cautelares ante el juez Rocabado.
«La resolución impugnada al tratarse de una declaratoria de rebeldía no es susceptible de recurso ulterior. Esto se debe a que la rebeldía es considerada una consecuencia directa de la actitud procesal del imputado, quien no se presenta a la cita judicial sin una justificación válida”, señala el fallo judicial.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, afirmó en la víspera que la Policía ya tiene una «orden de operaciones» y que solo esperan que Morales salga del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde permanece desde noviembre de 2024 protegido por centenares de cocaleros y campesinos.
Morales se declaró «perseguido» por el Ejecutivo para que no sea habilitado como candidato presidencial para las elecciones generales del próximo 17 de agosto.
El también expresidente del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) dijo hace poco que «si no hay víctima, no hay delito», al referirse a la mujer con quien supuestamente mantuvo una relación cuando ella era menor de edad.
En octubre la Fiscalía ya emitió una orden de captura, ante la cual los seguidores del político bloquearon carreteras durante 24 días para evitar su detención.
Además del caso en Tarija, en la región central de Cochabamba hay otras siete denuncias contra el expresidente por presuntos abusos a menores.
La Justicia boliviana también le prohibió salir del país, dispuso la anotación preventiva de sus bienes y la congelación de sus cuentas bancarias.
Los seguidores del exmandatario advirtieron que realizan vigilias permanentes en todas las poblaciones del Trópico de Cochabamba y anunciaron que excavarán pozos para evitar el aterrizaje de aviones o helicópteros en la zona.
El proceso judicial agrava la relación entre Morales y el presidente de Bolivia, Luis Arce, distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado y el control del MAS.
EFE
