Este martes, la Fiscalía General de Brasil presentó formalmente una denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar llevar a cabo un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su derrota electoral en 2022.
Según fuentes oficiales, el informe indica que Bolsonaro fue supuestamente el principal «líder» de esta conspiración golpista, y también imputa a 33 colaboradores cercanos.
En un comunicado, el Ministerio Público enumeró los cargos, que incluyen “tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización para delinquir armada y golpe de Estado”.
Ahora, corresponde al Supremo Tribunal Federal decidir sobre la admisión de la denuncia presentada por el fiscal general, Paulo Gonet, quien sostiene que tanto Bolsonaro como el exministro Walter Braga Netto orquestaron esta estrategia.
Artículos Relacionados
El documento denuncia que ambos implicados fomentaron y ejecutaron acciones contrarias a la legislación que salvaguarda la existencia y autonomía de los poderes estatales. La acusación se fundamenta en una minuciosa investigación policial que reveló una red que pretendía mantener a Bolsonaro en el poder y obstaculizar la asunción de Lula, lo que finalmente ocurrió el 1 de enero de 2023.
La pesquisa de la Policía Federal incluye a 39 personas, entre ellas figuras prominentes como Braga Netto, exministro de Defensa, así como Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y otros generales retirados que formaron parte de la administración de Bolsonaro.
Las investigaciones de los últimos dos años también encontraron borradores de decretos destinados a declarar un “estado de sitio”, implementar la anulación de los resultados de las elecciones de 2022 e interferir en la Justicia Electoral.
Testigos afirman que Bolsonaro amoldó el documento que formalizaría el golpe y tenía “pleno conocimiento” de un plan de militares descontentos que incluía el asesinato, a través de envenenamiento, de Lula y otras figuras políticas.
Aunque este plan no se concretó, el 8 de enero de 2023, radicales de extrema derecha asaltaron violentamente las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, buscando instigar una intervención militar.
