Un grupo de expertos del sistema de la ONU ha declarado que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un «golpe final» al Estado de derecho en Nicaragua mediante una reforma constitucional que otorga un dominio absoluto del país a la administración actual. Este informe fue presentado el 26 de febrero de 2025, revelando serias preocupaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en el país.
Según los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos establecido por la ONU, el gobierno nicaragüense ha eliminado los últimos controles sobre su poder y ha llevado a cabo represiones violentas, particularmente durante las masivas protestas de 2018, que resultaron en más de 300 muertos. Por primera vez en la investigación, se ha documentado la participación del Ejército nicaragüense en estas violaciones, un aspecto que el gobierno había negado previamente.
El informe subraya que Ortega y Murillo han «transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario», donde han erradicado cualquier forma de disidencia mediante una persecución sistemática que trasciende las fronteras nicaragüenses. El presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon, menciona que en el último año, el Estado y el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se han fusionado en una “maquinaria unificada de represión”.
La reforma constitucional, que entró en vigor recientemente, ha eliminado los escasos controles institucionales y ha consolidado el poder del ejecutivo, convirtiendo a las instituciones judicial, legislativa y electoral en simples «órganos coordinados» bajo la presidencia.
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El informe también ilustra la amplitud del control ejercido por Ortega y Murillo sobre un amplio aparato estatal, que incluye fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia, proporcionando un organigrama que detalla la cadena de mando. Hasta la presente fecha, 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad, destacándose la reciente expulsión de 135 presos políticos a Guatemala como apátridas en septiembre.
Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos, afirmó: «Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo». El documento destaca que muchas de las violaciones denunciadas son consistentes con patrones de crímenes de lesa humanidad, especialmente en relación a la persecución por motivos políticos.
El Grupo ha elaborado una lista de individuos que consideran responsables de estas violaciones, incluida Ortega y Murillo, cuya publicación está programada antes del 4 de abril, al cierre de la sesión actual del Consejo de Derechos Humanos. La comunidad internacional, según el informe, debe actuar, ya que su inacción «fortalece al régimen y prolonga el sufrimiento del pueblo nicaragüense», sugiriendo que se realicen acciones legales contra el país ante la Corte Internacional de Justicia y se faciliten procedimientos de asilo para nicaragüenses exiliados.
