El plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de revocar la licencia de explotación de Chevron Corp. (CVX) en Venezuela amenaza con obligar al sector petrolero de la nación a volver a las sombras, allanando el camino a la corrupción y a grandes descuentos en el mercado asiático.
La presencia del gigante petrolero con sede en Houston aportó una transparencia muy necesaria a Venezuela tras un periodo de sanciones impuestas durante el primer mandato de Trump. En aquellos días, el país dependía de cargamentos fantasma y de pequeños comerciantes, lo que supuso una pérdida de ingresos de miles de millones de dólares para la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA entre 2020 y 2022.
La corrupción generalizada y la consiguiente lucha por el poder llevaron al presidente Nicolás Maduro a purgar a uno de sus principales aliados, Tareck El Aissami, y el exministro de Energía se encuentra ahora tras las rejas en Caracas.
Analistas y economistas advirtieron que sin Chevron como participante activo, el sector petrolero de Venezuela se encamina a algo similar, ya que todos los ingresos petroleros del país fluirían a través de PDVSA.
“Si las compañías energéticas estadounidenses y occidentales se retiran de Venezuela, Maduro se verá cada vez más obligado a depender de intermediarios sospechosos para enviar su petróleo”, dijo Geoff Ramsey, miembro senior del Atlantic Council en Washington.
Trump declaró el miércoles que planea eliminar la exención que puso a Chevron en camino de aumentar las exportaciones de Venezuela a un máximo de siete años este mes. Su pronunciamiento también plantea interrogantes sobre las otras grandes petroleras a las que el gobierno estadounidense ha permitido seguir produciendo crudo venezolano, entre ellas Repsol SA de España y Maurel & Prom de Francia.
En caso de que Trump cumpla su amenaza y cancele la licencia de Chevron, asestaría un duro golpe a la incipiente recuperación económica de Venezuela, lo que podría alimentar más la migración irregular hacia EE.UU. que su gobierno intenta detener. Y además de reducir la corrupción, la mayor supervisión de Chevron también ha ayudado a aliviar la perenne crisis de combustible del país, ya que podría enviar su propio diluyente desde EE.UU. en lugar de depender de la menguante producción de PDVSA.
Chevron es “consciente del anuncio del presidente” y está “considerando sus implicaciones”, dijo el portavoz Bill Turenne por correo electrónico. La compañía “lleva a cabo sus negocios en Venezuela en cumplimiento de todas las leyes y reglamentos, incluido el marco de sanciones previsto por el gobierno de EE.UU.”.
Después de que Trump impusiera sanciones petroleras en 2019, el régimen de Maduro intentó eludir la prohibición cambiando el nombre de los petroleros y utilizando buques fantasma que apagaban sus transpondedores para navegar sin ser detectados por el gobierno estadounidense. Muchos cargamentos, que fueron asignados a intermediarios cercanos a funcionarios del gobierno, no llegaron a sus destinos finales ni se tradujeron en pagos a las cuentas de PDVSA.
Más de 50 personas fueron encerradas junto con El Aissami, entre ellas jueces, funcionarios electos y el jefe del cripto regulador de la nación andina. Pedro Tellechea, que asumió el cargo de ministro de Petróleo entre 2023 y 2024, también fue detenido el año pasado tras ser acusado de entregar información sensible de PDVSA a una entidad controlada por la inteligencia estadounidense.
En un esfuerzo por controlar las consecuencias, Maduro nombró a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que se hiciera cargo del ministerio de Energía y vigilara de cerca a la junta directiva de PDVSA y todas sus operaciones comerciales.
Si Chevron se retirara de Venezuela dentro de seis meses, cuando expiraría su licencia a menos que Trump diera marcha atrás, PDVSA probablemente se vería obligada a desviar las ventas a Asia desde las refinerías estadounidenses a precios con un descuento de alrededor del 20%. Eso reduciría los ingresos nacionales hasta en 3.000 millones de dólares, según Síntesis Financiera, una firma de análisis con sede en Caracas.
“A medio plazo esto afectará a la sostenibilidad de la producción total”, dijo.
