El gobierno de Estados Unidos anunció hoy restricciones de visas a funcionarios de gobiernos de países que, a su juicio, “faciliten” el tránsito de migrantes que buscan llegar a suelo estadounidense.
Así lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio. “Los países a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y disuadir el tránsito de extranjeros ilegales”, señaló en su cuenta en X.
“El Departamento de Estado ha instituido una nueva política de restricción de visados para los funcionarios de gobiernos extranjeros responsables de facilitar el tránsito de extranjeros ilegales hacia Estados Unidos. Estados Unidos no retrocederá cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional”, añadió.
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El Departamento de Estado dio a conocer un comunicado en el que afirma que “asegurar las fronteras de nuestra nación es de vital importancia para que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más próspero”.
Añade que “los países situados a lo largo de las rutas migratorias deben poner de su parte para prevenir y disuadir el tránsito de extranjeros que intentan entrar ilegalmente en Estados Unidos”.
La restricción de visados, explica, “se aplicará a los funcionarios de gobiernos extranjeros, incluidos los funcionarios de inmigración y aduanas, los funcionarios de aeropuertos y autoridades portuarias, y otras personas que se considere que son responsables de facilitar a sabiendas la inmigración ilegal a Estados Unidos, incluso por no hacer cumplir las leyes de inmigración o por establecer y aplicar políticas y prácticas que faciliten a sabiendas el tránsito de extranjeros que pretendan inmigrar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera suroeste de Estados Unidos”.
Argumenta que la nueva política “complementará nuestra actual política 3C, ampliada en 2024, relativa a los agentes del sector privado que, a sabiendas, presten servicios de transporte y viaje destinados principalmente a extranjeros ilegales que viajen a Estados Unidos” y advierte que las medidas se mantendrán en vigor “hasta que esos funcionarios asuman la responsabilidad de garantizar que existen políticas y se aplican las leyes vigentes para impedir el tránsito de esas personas. Estados Unidos no retrocederá cuando se trate de defender nuestros intereses de seguridad nacional”.
