Las precarias conexiones, la baja penetración de internet, las fallas del servicio eléctrico, los elevados costos de servicios de navegación con velocidades aceptables y, de manera muy alarmante, los bloqueos deliberados y selectivos de sitios web, fomentan la censura en Venezuela.
Entre enero de 2016 y enero de 2025, Ve sin Filtro ha registrado 1.335 eventos de bloqueos ejecutados por los principales prestadores del servicio de internet en el país. Siguen activos 949 de estos eventos, impidiendo el acceso a 134 sitios web, 60 de ellos correspondientes a medios de comunicación.
De manera más detallada, y considerando que hay sitios web con más de una dirección URL, hemos identificado 228 dominios bloqueados, de los que 180 están activos y 89 pertenecen a medios de comunicación digitales. Los dominios alternativos que pertenecen al mismo sitio web son una estrategia para diversificar sus accesos e intentar burlar la censura.
Artículos Relacionados
Estos bloqueos son severas restricciones al ejercicio de los derechos humanos, en especial el de la libertad de expresión y el de acceso a la información. Los bloqueos, así como la persecución contra ciudadanos que expresan sus ideas en las plataformas digitales, son también un ejemplo crítico de la reducción y la censura del espacio cívico digital.
En el marco del Día Mundial Contra la Censura en Internet, estas cifras dejan en evidencia la política continuada del Estado para restringir los derechos a informarse y a acceder a nuevas tecnologías que le permitan a los ciudadanos evolucionar y conectarse con el mundo.
Se trata de ventanas de información, entretenimiento, búsqueda y comunicación a las que los venezolanos no pueden acceder de forma regular, debido al bloqueo en operadoras de internet públicas y privadas que siguen lineamientos gubernamentales que contravienen, a su vez, mandatos expresos de respeto a los derechos humanos.
Es de especial preocupación el bloqueo de plataformas como X/Twitter, TikTok, Wikipedia; la app de mensajería cifrada Signal, el bloqueo de servidores DNS públicos y los bloqueos contra los sitios web de VPN, que son herramientas usadas para evadir la censura en internet. En este último caso, están bloqueados 30 sitios web y 32 dominios en línea.
Solo en enero de 2025, 32 DNS públicos fueron bloqueados, principalmente por la estatal CANTV de forma intermitente. Esto impide que los usuarios que usaban estos servidores para evadir los bloqueos DNS, no pudieran navegar en internet y quedaran prácticamente sin conexión, aumentando la censura. Fueron 98 eventos de bloqueos a 32 IPs, que corresponden a 15 empresas de servidores.
La censura en internet, ya sea por parte de gobiernos, corporaciones o incluso actores privados, representa una grave amenaza para la democracia y el desarrollo social. Limitar el acceso a información crítica y silenciar disidencias no solo restringe la capacidad de los ciudadanos para expresarse, sino que también socava el fundamento mismo de una sociedad libre y abierta.
Es fundamental que el Estado venezolano implemente políticas que protejan los derechos digitales de sus ciudadanos, permitiéndoles navegar y participar en el espacio digital sin temor a represalias. Esto incluye establecer leyes que favorezcan la neutralidad de la red, promover la transparencia en la moderación de contenido y garantizar que la privacidad de los usuarios esté protegida frente a prácticas invasivas.
El ejercicio de los derechos digitales contribuye a mantener la integridad de las dinámicas sociales y permite que los ciudadanos accedan a información pública esencial y de manera transparente. Protegen, además, la libertad de expresión en línea, lo que es crucial para debatir ideas, cuestionar gestiones y participar activamente en la toma de decisiones.
Desde VE sin Filtro reiteramos que los bloqueos en Internet son violatorios de los derechos humanos, y en el caso de Venezuela, el acceso a la información es fundamental debido a la compleja dinámica política y social que experimenta, así como la censura y el debilitamiento de los medios tradicionales de comunicación.
Casos de bloqueos activos hasta enero 2025
| Categoría | Sitios bloqueados activos | Dominios bloqueados activos | Eventos de bloqueos activos |
|---|---|---|---|
| News Media | 60 | 89 | 439 |
| Anonymization and circumvention tools | 30 | 32 | 209 |
| Political Criticism | 15 | 18 | 90 |
| Human Rights Issues | 9 | 10 | 49 |
| Social Networking | 2 | 10 | 69 |
| Communication Tools | 1 | 1 | 8 |
| Media sharing | 3 | 3 | 13 |
| Economics | 2 | 2 | 11 |
| Pornography | 8 | 8 | 21 |
| Public Health | 2 | 2 | 8 |
| Hate Speech and gore | 1 | 1 | 9 |
| E-commerce | 1 | 4 | 23 |
| 134 | 180 | 949 |
Censura y represión digital en las elecciones presidenciales en Venezuela
Durante el período electoral en Venezuela, que abarcó desde el inicio de la campaña el 4 de julio de 2024, pasando por las elecciones del 28 de julio, y extendiéndose hasta el día de la toma de posesión el 10 de enero de 2025, el país experimentó una ola de censura digital sin precedentes. Durante ese período documentamos un total de 79 sitios web y servidores DNS bloqueados. Antes de esa fecha, en 2024, habían sido bloqueados otros cinco sitios, principalmente de medios de comunicación.
Del 4 de julio de 2024 al 31 de enero de 2025, los nuevos bloqueos se aplicaron fundamentalmente contra herramientas de evasión de censura; servidores DNS públicos; medios de comunicación; sitios web de organizaciones de la sociedad civil y relacionados con los derechos humanos; redes sociales; y, sitios con contenido político crítico al gobierno, particularmente aquellos dedicados a difundir los resultados electorales con base en las actas recogidas por la oposición venezolana.
Por otro lado, VE sin Filtro documentó y archivó 270 casos en los que se evidencian prácticas represivas y el uso de la tecnología para perseguir a disidentes, repartidas en dos etapas de la crisis política. La primera, posterior a las elecciones, abarcó principalmente el período del 28 de julio hasta principios de noviembre. La segunda, con la reanudación de la represión previa a la juramentación de Nicolás Maduro, tuvo lugar entre diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.
Algunas de las prácticas documentadas incluyen la publicación de datos personales de opositores o manifestantes a través de canales oficiales o cuentas vinculadas al oficialismo, con el fin de acosarlos o conseguir información que pudiera facilitar su captura. También desde el gobierno se incentivó abiertamente a los ciudadanos a delatar a los vecinos que considerasen involucrados en actividades subversivas.
